Cuando el Estado se convirtió criminal. ADN
Pasaron 41 años del golpe cívico- militar que interrumpió el orden constitucional en la Argentina, pero que tuvo como sello distintivo la instauración del terrorismo de Estado, que sembró de muertes al territorio nacional e incorporó las figuras luctuosas del desaparecido y el secuestro de bebés en la historia nacional.
La justificación fue “exterminar” a la subversión según había ordenado un decreto de Isabel Martínez, en referencia al accionar de los grupos armados, que funcionaban en los principales centros urbanos y en limitadas áreas rurales del monte tucumano.
Nada se dijo de sus aliados de la derecha que de la mano del ministro de Bienestar Social, José López Rega, crearon la Triple AAA, brazo ejecutor paramilitar que en su corta trayectoria protagonizó matanzas masivas, como prólogo a la llegada del gobierno cívico-militar del 24 de marzo de 1976.
Con esta excusa se inició el genocidio porque las fuerzas militares convirtieron al país en “ zona liberada”, asesinando a militantes, curas, trabajadores, periodistas, actores, escritores, docentes empleados, etc, con fusilamientos y desapariciones y el agravante del robo de bebés, que en su mayoría pasaron a manos de familias de militares. Aberrante.
La población civil fue espectadora, quizás masticando el remordimiento de haber pensado que el mal menor que ofrecían “los militares patriotas” era mejor que la crisis institucional de aquel gobierno de Isabel Martínez, a pesar de que faltaban pocos meses para el llamado a elecciones. Una lección que creemos aprendida para nunca más intentar la vía del llamado a los cuarteles y guardar las urnas.
Se tardó en tomar en cuenta que el objetivo del golpe de Estado no era combatir a los grupos armados. Para ello, no era necesario quebrar el orden constitucional y apartarse de la ley.
El objetivo era disciplinar a la sociedad e instaurar un modelo económico liberal, al servicio de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales y achicar el Estado, sobre la base del terror y el autoritarismo. Martínez de Hoz fue el economista encargado de llevar adelante esta política con la anuencia de empresarios y dirigentes políticos que creyeron que bajo la excusa del accionar guerrillero, pudieran lavar su conciencia como colaboradores de la etapa más cruel y nefasta de la historia nacional.
En realidad la voracidad del capital y los sectores del privilegio no hicieron otra cosa distinta que en 1930, 1955, 1962 y 1966.
Lo demás es conocido. Por esto siempre es necesario recurrir a la memoria. Recordar que las políticas económicas liberales se sustentan en el desprecio por la vida.