Prórroga del Código Procesal Penal. Dudas en el nuevo plazo

(ADN).-Ante los distintos cuestionamientos planteados para la puesta en marcha el 1 de marzo del nuevo Código Procesal Penal, según indica la ley sancionada por la Legislatura provincial, la Comisión Interpoderes que trata el tema propone al gobernador que envíe al parlamento, para una sesión en extraordinarias, un proyecto de ley de prórroga para implementar el nuevo sistema a partir del 1 de junio.

Se resolvió en la última reunión del miércoles en Bariloche. Una solución salomónica, pero con relativo análisis real sobre si los seis meses de prórroga serán suficientes para comenzar con el nuevo Código.

“No está aún maduro para arrancarlo el 1 de junio, falta ponerse de acuerdo en muchísimas cosas”, dijo una fuente consultada por ADN y que estuvo en Bariloche y agregó que “las diferencias entre el Ministerio Público y el STJ, son más profundas que una prórroga de seis meses, son de pensamiento”.

Según datos recogidos por esta Agencia en seis meses no estaría resuelto el pase del personal, las cuestiones edilicias y tampoco se conoce cuánto tiempo llevará resolver las causas abiertas, que llegan a cuatro mil, a las que hay que sumar las nuevas que ingresen, además de aspectos de la convivencias de ambos sistemas.

Hay planteos diferenciados. Por ejemplo, en la reunión de la Comisión Interpoderes se debatió –con firmeza de parte de Baquero Lazcano y Piccinini- el pedido del Ministerio Público que quiere tener bajo su órbita los laboratorios de genética e investigación judicial, frente a la resistencia del STJ que argumenta que si hasta ahora la Procuración no pudo resolver otros temas ”para que quiere los laboratorios”. El tenor de estas discusiones evidencia que las cuestiones personales tiñen todo el proceso.

A esto se suman otras cuestiones, como que -por ejemplo- se formó una comisión de implementación del nuevo Código, donde no participa la Procuradora, si bien hay otros representantes del Ministerio Público.
Se debate también sobre el número de personal para el Ministerio de la Defensa, como para el Ministerio Publico Fiscal, además de controversias entre ambos, derivadas del reclamo de autonomía e independencia.

“Todo esto no se salvará en seis meses, por las diferencias propias que hay en el Poder Judicial”, resumió una fuente calificada del ámbito penal.