Buscan regular la actividad de las agencias financieras
(ADN).- Control sobre el funcionamiento de las entidades financieras no bancarias. Ese es el objetivo del bloque Frente Progresista, evaluando que ese actividad genera controversia por, entre otras cosas, las «condiciones abusivas y leoninas» que tienen.
En consecuencia, los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino, presentaron un proyecto a la Legislatura regular su actividad.
Ocampos indicó que “el funcionamiento y regulación de las entidades financieras particularmente las de carácter no bancarias es motivo recurrente de discusión y controversia dado que, bajo la supuesta prestación de servicios financieros a la población, las condiciones abusivas y leoninas con que habitualmente se manejan sólo contribuyen al empobrecimiento de la población que hace uso de los mismos”.
Si bien existe normativa que regula la actividad “hasta el mismo sistema bancario formal históricamente percibe suculentas utilidades de diversa índole, bastando señalar que la tasa activa que se le cobra en la actualidad a un tomador de crédito es cuanto menos el doble de la tasa pasiva que se le reconoce a una persona que suscribe un plazo fijo con la misma entidad bancaria” ejemplificó Ocampos.
Y agregó el presidente de la bancada “cuando revisamos usos y costumbres del sistema financiero no bancario nos encontramos con abusos y arbitrariedades que perjudican notablemente al común de las personas y distan mucho de cumplir normas claras y controles periódicos y sistemáticos”. Aseguró “nuestra provincia no es la excepción. Este tipo de entidades florecen y se multiplican en la mayoría de los pueblos y ciudades rionegrinas”. Ocampos indicó que “paradójicamente esto ocurre con mayor asiduidad en tiempos de crisis económico-sociales, donde el colectivo de las clases medias y medias bajas con salarios insuficientes para la satisfacción de determinadas necesidades de consumo e inversión, queda expuesto a recurrir a estas entidades que, por otra parte, publicitan sistemáticamente la posibilidad de acceder a créditos mediante mínimos requisitos”.
“El tomador de uno de estos instrumentos financieros ya sea por necesidad, desconocimiento o ambos a la vez, ignora en qué condiciones se le está otorgando este supuesto beneficio” indicó Ocampos y señaló que al consultar a los damnificados es común encontrar narraciones que indican que una financiera otorgó un préstamo casi inmediato pero no informan con claridad que se le está cobrando una tasa de interés superior al 100% anual. Explicó el diputado que “en muchísimos casos se le hace firmar al tomador un pagaré en blanco que ante el menor retraso se ejecuta por el monto que llena a posteriori la financiera independientemente del saldo real de la deuda contraída”. Y aseguró “una operatoria de estas características parece difícil de ejecutarse sin la necesaria connivencia de abogados tanto del sector privado como del ministerio público”.
“En síntesis, estas entidades no sólo perciben como principal objetivo un lucro a todas luces desmedido, sino que también a lo único que realmente contribuyen es al empobrecimiento progresivo y sistemático de la población que hace uso de sus servicios, por eso el Estado debe regular su funcionamiento” finalizó el legislador Ocampos.