Promoción minera. Pasos hacia atrás

La necesidad de reactivar economías regionales en un escenario de crisis generalizada, no justifica que se promocione a actividades que producen fuertes daños ambientales, escasos puestos de trabajo y fuerte rentabilidad empresaria, como es el caso de la megaminería. Este sector está sumamente beneficiado con el código minero en vigencia.

Las coyunturas críticas, como la que soportamos hoy los argentinos, no puede acortar el plazo de las medidas de gobierno, a lo inmediato, a lo cercano, solo al presente. Atender las urgencias del presente respetando los derechos intergeneracionales, es una obligación de todo gobernante.

No acordamos que haya que habilitar y promocionar a empresas que contaminan y destruyen recursos que constituyen el principal capital para el desarrollo y crecimiento de las sociedades del futuro, como son las fuentes de agua dulce.

Ha sido nuestra postura de siempre respecto de los hidrocarburos, el uso del cianuro para la extracción de minerales, la defensa de los acuíferos dulces y el apoyo a modelos de producción basados en los recursos de mayor valor que tenemos los argentinos en general, y los patagónicos en particular, como son el agua dulce, la tierra y la calidad del ambiente.

Nos preocupan las recientes decisiones del gobierno nacional respecto de las promociones que se han establecido para la actividad minera, que retoman una línea política sectorial que mucho daño hizo en el pasado.

Y también nos preocupa el simbolismo que enmarcó el anuncio de esas medidas.

Se hizo en San Juan, una provincia que no solamente tiene toda su historia atada al extractivismo, sino que también ha puesto en sus vidrieras daños irreversibles sobre glaciares y otros que se pueden corregir, pero muy graves, como es la contaminación de cursos de agua de las que se abastecen poblaciones.

Los gobernantes provinciales presentes en dicho acto, completan un cuadro de complicidades en este fenómeno, que nos obliga a manifestar nuestro desagrado y rechazo por estas decisiones.

Comprendemos las necesidades políticas y las urgencias económicas y sociales que acucian al gobierno central, pero reclamamos que en los momentos de tomar decisiones trascendentes se lo haga con mucho cuidado, no solamente buscando salidas para el tiempo presente y, sobre todo, no cediendo ante las presiones, demandas y/o compromisos surgidos de líderes provinciales que siempre han priorizado los negocios sectoriales por sobre los intereses de sus pueblos.