El Congreso sancionó nueva legislación para el SENASA y la acuicultura

Buenos Aires.- Entre las leyes sancionadas recientemente por la Cámara de Diputados figuran normas para el funcionamiento del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la de Acuicultura; en tanto que se logró la media sanción en la Cámara de Senadores al Proyecto de Ley para la Gestión Integral de Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, destacó la importancia de las leyes aprobadas por el Congreso de la Nación en «beneficio del sector agropecuario argentino que tienen como objetivo optimizar la producción y comercialización, transparentar procesos, otorgar mayor regulación en materia sanitaria, defender el medio ambiente e impulsar buenas prácticas agrícolas».

Carlos Casamiquela señaló que esta nueva legislación «contribuye al crecimiento del sector agropecuario y agroindustrial de la Argentina», siendo la del «SENASA muy importante para el país que permitirá controlar aún más las cuestiones que hacen al aspecto sanitario y a la mejora en los procesos de inspección y control».

Junto al paquete de medidas se destaca también una ley inédita para la Argentina, como es la de Acuicultura, «brindando ordenamiento jurídico y de fomento y promoción a la actividad»; al tiempo que se logró la media sanción de la «Ley para la Gestión Integral de Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios» que «permitirá ordenar una situación crítica que existe en la Argentina, donde hay 18 mil tn de plástico desperdigado por los campos, a partir de los 15 millones de envases que se utilizan por año».

Senasa
En la actualidad, el SENASA inspecciona, fiscaliza y certifica productos por más de 30.000 millones de dólares al año, al tiempo que emplea a 5.984 agentes, distribuidos en 290 unidades con presencia en todo el territorio nacional. Esta Ley permitirá actuar con diligencia ante situaciones de emergencia sanitaria y manejo más eficiente de su planta de personal.

Se declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal, la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas que afectan la producción agropecuaria y forestal de la Argentina y a la inocuidad y calidad de producción primaria y los agroalimentos. A la vez que determina el estatus jurídico, formaliza las competencias y establece los mecanismos adecuados para su accionar.

Ley de Acuicultura
Se informó que durante los últimos años esta actividad ha cobrado gran importancia. En Argentina, el consumo de productos de la pesca alcanzó los 9 kg. por habitante por año y se espera que para 2020 ese número llegue a los 12 kg. Pero además, nuestro país posee un extenso litoral marítimo (de más de 3 mil kilómetros) y un enorme caudal de recurso hídrico continental (más 30.000 m3/s de agua dulce), que sin dudas respaldan las posibilidades de instalación, las oportunidades y el crecimiento de la producción acuícola.

El desarrollo de esta actividad demanda gran cantidad de mano de obra (en promedio 12.000 productores de «pequeña escala» y diversificación agraria), lo que a futuro se traducirá en el desarrollo de las economías locales.

El desarrollo de la acuicultura marítima y continental es una gran oportunidad para la Argentina. A partir de la sanción se logrará: Dotar a la actividad de un marco regulatorio y de promoción que le permitirá acceder a crédito – y otros instrumentos- y a potenciales mercados externos.; promover el agregado de valor en origen de la producción. Incluye tanto a la agricultura familiar como a la producción industrializada; regular y da marco jurídico a la actividad; promover su crecimiento y desarrollo armónico; entre otros.

Ley para la Gestión Integral de Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios
Este proyecto –que ya tuvo media sanción en la Cámara alta – establece presupuestos mínimos para el depósito y reciclado de los envases de productos fitosanitarios, que tendrá como objetivo dar un marco jurídico a un problema grave que hoy existe: 15 millones de envases, que equivalen a 18.000 toneladas de plástico por año que se utilizan para la producción.

«La ley viene a ordenar una situación que es compleja, que afecta a la salud y requiere de nuestro accionar como Estado. Con esto lograremos llenar un vacío legal existente hoy en día, y fue impulsada a partir del diálogo con diferentes sectores en donde confluyen productores, investigadores, comercializadores, fabricantes, ambientalistas y de más representantes del sector», concluyó Casamiquela.