La Justicia buscará determinar el posible impacto ambiental del pozo EFO280 de Allen

General Roca.- El Juzgado Civil 1 de General Roca ordenó medidas de prueba para determinar el impacto ambiental del pozo EFO280 que explota la empresa YSUR en Allen, en el marco de la audiencia de hoy, en el amparo presentado por la Defensora del Pueblo, Nadina Díaz, a raíz del incidente ocurrido el 21 de julio de este año cuando una maniobra en una brida provocó un derrame de hidrocarburos que afectó una laguna y generó temor entre los vecinos de la zona.

La jueza María del Carmen Villalba, titular del juzgado Civil 1 de Roca, solicitó informes a Defensa Civil de la Municipalidad de Allen y Bomberos Voluntarios, para conocer si existen protocolos de actuación ante posibles eventos y si fueron comunicados a la población. Por otra parte, pidió a la Secretaría de Desarrollo Social municipal que eleve un informe socio ambiental de los barrios más cercanos al pozo.

A pedido de la Defensora, referentes de distintos barrios en los que se desarrolla la explotación hidrocarburífera dieron su testimonio sobre cómo les cambió la vida el inicio de las operaciones de Ysur. Señalaron que padecen molestias permanentes durante las 24 horas, con ruidos fuertes, explosiones, vibraciones y venteos de gas al ambiente.

Federico Blanco, del barrio Costa Blanco, hizo hincapié en que los vecinos del lugar no contaron con información oficial previa sobre las consecuencias de la perforación petrolera.

“Nadie nos dijo cómo era vivir con las petroleras, con el ruido constante, con el aire contaminado. Hubo falta de información sobre cómo afecta la actividad a la salud y al día a día. Además, nadie nos puede certificar que no va a volver a pasar un incidente como los que ya pasaron. Es desesperante vivir así porque estás todo el tiempo pensando para dónde vas a salir corriendo con tu familia si llega a pasar algo más grave”, expresó el vecino.

Luego de la audiencia, Nadina Díaz destacó la decisión de la jueza de convocar a un perito ingeniero civil especializado en petróleo y ambiente.

“Se ha logrado la ampliación de la mirada no solo al derrame sino también a los posibles efectos que causó la actividad en la zona periurbana con lo cual se incluirían los posibles problemas respiratorios, vibraciones constantes y el venteo, entre otros puntos que se van a seguir analizando con el tiempo. En el amparo nos basamos en la Ley General del Ambiente y el principio precautorio, en el artículo 41 de la Constitución Nacional y sus correlativos de la Constitución Provincial, que establecen el derecho de los vecinos a vivir en un ambiente sano”, manifestó la defensora.