Allanaron los domicilios de exjueces y fiscales investigados por su actuación en la dictadura

Neuquén.- El juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva ordenó el allanamiento de domicilios de Cipolletti, de Neuquén capital y de Villa Pehuenia correspondientes al exjuez y al exfiscal acusados por crímenes de lesa humanidad, Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, en busca de documentación sobre la época del terrorismo de Estado, al tiempo que fijó fecha para tomarles declaración indagatoria para el 20 y el 22 de mayo, respectivamente.

La información fue publicada por el sitio Fiscales y reproducida por el sitio web del diario Río Negro.

Villanueva rechazó disponer la detención solicitada por la fiscalía y dispuso recibir indagatoria a los ex jueces de la dictadura de Neuquén, María Ester Borghelli de Poma (28 de mayo); y de General Roca, Mirta Ebe Fava (2 de junio) y Cecilio Alfredo Pagano (12 de junio); y al ex fiscal de General Roca, Hernán Etcheverry (4 de junio).

El viernes pasado los representantes del Ministerio Público Fiscal, Adrián García Lois y Miguel Ángel Palazzani, habían reiterado al juez el pedido de detención e indagatoria de Duarte y Ortiz, que había sido formulada inicialmente en diciembre de 2013 y que incluía además a Borghelli, Fava, Pagano y Etcheverry, entre un total de nueve ex magistrados que prestaron funciones en la dictadura y que -en el entendimiento de la fiscalía- contribuyeron a la ejecución del plan criminal.

Los allanamientos dispuestos por Villanueva se realizan desde las 11:00 en el domicilio de Ortiz en Cipolletti; en dos fincas de Neuquen donde vive y ejerce su profesión de abogado Duarte, y en una casa de este último situada en la localidad de Villa Pehuenia. «No es posible descartar la existencia, en poder de los imputados, de elementos documentales de utilidad para la investigación en curso, tales como anotaciones, publicaciones, manuscritos, libros, agendas, fotos, periódicos, cartas, etc.», justificó la medida el juez.

El magistrado destinó la mayor parte de su resolución de ocho carillas para argumentar que no es necesaria la detención de Duarte y Ortiz.