«Con los chicos no»

Viedma.- La Asamblea General para la Declaración Universal de los Derechos del Niño proclamó firmemente que ésta se constituyó como instrumento para “que la infancia sea feliz y pueda gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los principios declarados”.

Particularmente, en su Principio N° 9 expresa que: “El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata…”

Leyendo esta declaración resulta insostenible no preguntarnos: ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en nuestra provincia, un derecho inalienable como éste haya sido quebrantado, corrompido, vulnerado? Es al menos inconcebible. La sociedad viedmense y el conjunto de los rionegrinos no salimos del estupor en el que nos ha sumergido esta noticia que involucra una presunta «corrupción de menores y facilitación de prostitución infantil» de mano de elites sociales bien posicionadas, según lo expresado en las denuncias del caso, ocultando nefastos y oscuros hábitos.

Nos encontramos en presencia de un delito, grave, que desgarra las fibras más íntimas de la sociedad, que destruye el futuro: nuestros niños. Pero si bien los delitos son tipificados y clasificados según el Código Penal de la Nación Argentina, bajo una perspectiva más sociológica, es posible reconocer que la criminalidad se divide en dos grandes vertientes. Por un lado tenemos los delitos simples, los delitos cometidos por jóvenes marginales, por los que solemos llamar outsider, delitos que si no se abordan adecuadamente pueden convertirse a largo plazo en un proceso de criminalidad acentuada y sistematizada; aunque no es el que nos interesa analizar en esta oportunidad.

El que sí nos convoca, es el crimen organizado, bandas que saben lo que hacen de manera planificada, proyectada y delineada, con precisiones quirúrgicas y complicidades multisectoriales. En ocasiones suelen ser tan grandes que pasan a forjar una suerte de Estado (con normas, reglas y sistemas poco visibles) dentro del mismo Estado.

El crimen organizado lo podemos apreciar en su forma más pura en las bandas que se dedican al robo de automóviles, al negocio de las autopartes, tráfico de estupefacientes, al contrabando en sus más diversas formas, entre otros. Pero uno de ellos nos cita especialmente hoy: la Trata de Personas.

Allí, en este segmento delictivo de crimen organizado, el Estado debe poner toda su atención y caer con todo el peso de la ley, para desarticularlo y evitar su regeneración – reorganización. Para ello es necesario que los Estados tomen partida en el asunto y comiencen por eliminar una de sus principales causas: las complicidades del mismo Estado.

Ahora bien, nos encontramos frente a una gran paradoja. En el caso de estas niñas, era el propio Estado quien debía brindar las garantías necesarias para que no se vulneren los derechos de este grupo. Y sin embargo, en un esquema tipificado, pormenorizado y premeditado fue cómplice, dado que dos de sus estamentos o poderes formaron parte de un sistema de complicidad en esta aberrante situación.

La denuncia y los repudios del mismo Estado para con esta ocasión no bastan cuando en realidad no se garantizaron los derechos de la niñez, cuando se vulneró y corrompió la plenitud de estas niñas que se encontraban bajo su guarda y debían ser tuteladas según plexos normativos, provinciales, nacionales e internacionales como declaraciones universales o leyes que estipulan procedimientos, responsabilidades, derechos, obligaciones y garantías.

Inevitablemente los viedmenses estamos frente a lo que estipula la Ley Nacional N° 26.364 en su artículo 3° “Se entiende por Trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción de personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación. …aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima…” Y a ello debemos sumarle lo establecido en el Código Penal de la Nación Argentina en sus artículos 142 bis y 142 ter. que sancionan con prisión e inhabilitación “a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más persona” o “al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad”.

A la vista está que no es un problema de toda la sociedad como se ha dicho en algunas declaraciones periodísticas. Es un problema de falta de garantías e incumplimiento de deberes y derechos del mismo Estado, en el que toda la sociedad se encuentra como rehén y la niñez se ve vulnerada como sujetos de esos derechos.

Los Viedmenses y los rionegrinos una vez más condenamos y repudiamos este accionar y gritamos hasta desgarrar nuestras gargantas…¡Con los chicos no!

Martín Díaz, Pedagogo
UNRN: Criminología y Ciencias Forenses y docente “Seguridad Ciudadana y Sistemas Penitenciarios”