Por denuncia de abuso sexual en jardín de Cipolletti exigen respuestas
Cipolletti.- Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en el Jardìn 85 de Cipolletti y «las medidas irresponsables, demagógicas e ilegales» tomadas por el Gobierno, este Martes 14 desde las 8 hs esteremos junto a las directoras y delegadas de los Jardines de Cipolletti y UnTER Central, estarán exigiendo respuestas al Gobierno:
CELERIDAD EN LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y JUICIO AL RESPONSABLE.
INSTITUCIONALIZACIÓN YA DEL NIVEL INICIAL QUE SE ENCUENTRA ACÉFALO Y CARENTES DE POLÍTICAS DE ESTADO PARA AFRONTAR LAS PROBLEMÁTICAS DEL NIVEL. AL DÍA DE LA FECHA NO SE HA DESIGNADO DIRECTOR/A DE NIVEL.
EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS ESPECIALIZADOS EN LOS JARDINES AFECTADOS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN QUE PERMITA TRABAJAR CON EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
DEROGACIÒN DE LAS RESOLUCIONES ILEGALES QUE DICTÓ EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN QUE SOLO TUVO LA FINALIDAD DE ENFRENTAR A PADRES CON DOCENTES Y DESLIGARSE DE SUS RESPONSABILIDADES.
NORMALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INMEDIATO DEL JARDÍN 85 CON EQUIPOS PSICOPEDAGÓGICOS EXCLUSIVO Y ESPECIALIZADOS.
PRESENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD PARA QUE DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES AL DESCONTROL QUE HA PROVOCADO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL.
CONVOCAMOS A UNA CONFERENCIA DE PRENSA A LAS 10 HS EN CPE DE CIPOLLETTI A LOS FINES DE DENUNCIAR LAS MEDIDAS QUE VIENE LLEVANDO ADELANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y ANUNCIAR ACCIONES A SEGUIR.
ADJUNTAMOS EL COMUNICADO DE UnTER CIPOLLETTI DEL 06/10 QUE EXPLICA NO SOLO EL POSICIONAMIENTO SINO LAS RESPONSABILIDADES EN ESTA SITUACIÒN.
El Estado como garante de la injusticia
Ante los hechos de público conocimiento que tienen como protagonista a la comunidad educativa del Jardín Nº 85 queremos manifestar, como Comisión Directiva de UnTER seccional Cipolletti, nuestro apoyo absoluto a las víctimas y a sus familias.
En tal sentido, y tal como lo hemos hecho público, sostenemos que cuando la denuncia proviene de una víctima, que no sólo debe afrontar el trauma sufrido sino también la exposición que la denuncia conlleva, SU PALABRA ES INCUESTIONABLE. Como es sabido, la Justicia patriarcal y machista solicita parámetros de prueba que hacen difícil para la víctima demostrar que fue violada y mucho más difícil aún probar que fue abusada.
Es por ello que como conducción de UnTER, y desde antes aún, como militantes sociales, siempre hemos acompañado el pedido de las víctimas y sus familiares de juicio y castigo, tanto en actuaciones legales frente al Poder Judicial como en la calle, y siempre nos hemos puesto a disposición de las víctimas para afrontar los obstáculos que impone el sistema machista patriarcal.
Con referencia a los hechos ocurridos en el Jardín Nº 85, nos hemos puesto a disposición de la familia de las víctimas y de la comunidad educativa para aportar no sólo en la búsqueda de juicio y castigo al responsable sino también para pensar de manera conjunta herramientas que permitan afrontar una situación de estas características.
Haciendo docencia: ¿A quién le corresponde en el sistema educativo la investigación de un hecho tan grave como un abuso infantil?
Cuando los trabajadores de la educación detectamos o nos informan desde la propia familia un caso de abuso debemos denunciarlo por vía jerárquica, esto es ante la directora y ésta a la supervisora. Esta última eleva la información a la Junta de Disciplina, que se encarga de tomar las decisiones que considere pertinentes con respecto al accionar de un docente. Con posterioridad se designa un SUMARIANTE, que será el encargado de la investigación del caso. Este sumariante es elegido a dedo por el GOBIERNO para ocupar ese puesto en educación. Para poder esclarecer un hecho debe citar a declarar a las partes afectadas y a los/as testigos que surgen de dichas declaraciones como así otro tipo de prueba. El sumariante, representante del gobierno, tiene 90 días hábiles para hacer estas actuaciones.
Los docentes también debemos denunciar los casos de abuso ante el PODER JUDICIAL, siempre y cuando la familia no denuncie.
Dado que la prioridad debe ser siempre salvaguardar el interés superior del/la niño/a afectado/a, es fundamental que la denuncia se realice con celeridad, lo que habilita a las otras instituciones a actuar en el mismo sentido, léase Consejo Provincial de Educación y el Poder Judicial. Asimismo, es central trabajar en evitar la revictimización y profundización de la situación traumática del niño/a, a la que lo/a expondría la exteriorización del caso. Es por ello que se recomienda que sólo deban contar con la información los actores que intervendrán en el caso.
La Guía de Orientaciones para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas Relacionadas con la Vida Escolar, elaborada por los ministros de educación de todas las provincias del país en conjunto con la cartera educativa nacional, dice lo siguiente con respecto a la actuación requerida en casos de abuso sexual infantil:
«… Más allá del cumplimiento del deber legal que le cabe a cualquier funcionario público ante la problemática del abuso sexual infantil, resulta conveniente tener en cuenta algunas pautas que faciliten la contención y un acompañamiento respetuoso al estudiante afectado como, por ejemplo, garantizar la privacidad y el derecho de niños, niñas y adolescentes de que se resguarde su intimidad desde el primer momento en el cual se pudiera sospechar la existencia de una situación de abuso. Para ello, debe haber un cuidado especial en cada institución a fin de que la información sobre el posible abuso sólo sea conocida por aquellos actores de la escuela que intervendrán en la situación; y no sea un tema que circule, y en torno al cual se debata…».[1]
La provincia de Neuquén, por otra parte, cuenta con un protocolo de actuación para los casos de maltrato infantil, entre los que está tipificado el abuso sexual. En dicho protocolo se instruye:
«Ante la sospecha de maltrato, la escuela, ¿qué debe hacer? Debe informarse. Debe informar al Supervisor sobre la situación, ya que éste, desde su función puede constituirse como colaborador en la difusión de· las normativas, asesorando o gestionando asesoramiento, facilitando la articulación entre los distintos sectores intervinientes. Consultar con servicios especializados. Validar el relato de la víctima. Asesorarse para conocer de qué manera pueden contener las secuelas del maltrato (conductas esperables del niño/a victimizado/a) y cómo pueden ayudar a sobrellevar.»[2]
¿Cómo actuó el Jardín?
El Jardín validó el relato de la víctima y en dos días elevó la denuncia hecha por los padres a la junta de disciplina, que inmediatamente separó del cargo al acusado de perpetrar el abuso. Es la primera medida a realizar para que se impida continuar con el delito y en resguardo de los demás niños/as de la institución. Instó a la familia a hacer la denuncia penal, que fue realizada en junio, y dio aviso inmediato al ETAP, que comenzó su intervención institucional. Siempre se debe salvaguardar el interés superior del/la niño/a afectado/a y ello lleva a que la escuela deba realizar la denuncia correspondiente con celeridad y que lo mismo haga la justicia. Asimismo la exteriorización del caso lleva a una revictimización y profundización de la situación traumática. Es por ello que se recomienda que solo deben contar con la información los actores que intervendrán en el caso. Aclaramos que una medida fundamental en resguardo de la víctima es la no exposición. La misma no solo se cumple omitiendo el nombre y apellido de la víctima, ya que las propias circunstancias de estas situaciones permiten identificarlo por terceros y esto lleva a la propia revictimización.
¿Qué hizo el gobierno?
La sumariante, funcionaria elegida discrecionalmente por el Ministerio de Educación, no llevó adelante ninguna medida tendiente a esclarecer el caso ni convocó a dar testimonio ni a docentes, ni directivos, ni supervisores, ni familiares.
También pudo haber citado y poner en conocimiento al resto de las familias de la sala donde ocurrieron los hechos y posibilitar indagar sobre nuevos casos. No hizo nada de esto. Desde el 10 de junio a la fecha el sumario no tuvo ningún movimiento y están a punto de caducar los plazos establecidos para la investigación.
Como ha trascendido y consta en actas, la familia de la víctima radicó la denuncia en el mes de junio del presente año, a instancias del Jardín. A partir de ese momento tomó intervención el fiscal Oscar Cid, quien dejó transcurrir un tiempo valioso para el esclarecimiento de la causa, dejando pasar más de tres meses sin realizar ninguna investigación ni poner en marcha la cámara Gessel a la víctima. Sólo cuando ocurrieron las manifestaciones públicas por parte de las familias del jardín comenzó a instrumentar acciones para activar la causa que estuviera dormida hasta entonces.
¿Quién es responsable?
El Estado se corrió de las obligaciones que le competen: la Justicia no hizo nada, y el Ministerio de Educación, a través de la sumariante, tampoco. Ésta, que debía citar a docentes, directivos y familias para que contaran sobre el hecho, no investigó ni realizó ninguna medida. Entendemos que su inacción desde el área de educación habría conducido al encubrimiento del hecho.
Esta responsabilidad que se centra en el Estado, más allá de los poderes, evidencia qué tan importante es la infancia para el gobierno, que sólo se manifiesta a través de consignas vacías a través de los medios, prometiendo celeridad en realizar acciones que debería haber realizado hace meses.
Este caso demuestra que la única institución que funciona, aún con grandes falencias, es la Escuela, que trabaja casi en soledad para afrontar no sólo el proceso pedagógico de los estudiantes sino también las ausencias del Estado. Es por ello que muchas veces se ve desdibujado su rol, dejando de ser una institución formadora para ser el lugar donde se come, donde se atienden las carencias de salud, los problemas sociales y económicos.
El gobierno se ha encargado de desmantelar el resto de las instituciones estatales que podrían haber intervenido y hubieran permitido afrontar estas situaciones que ocurren en la escuela, puesto que no todas las familias están en condiciones de costearse un equipo psicológico privado.
Pero el gobierno no sólo es responsable por la desidia y las omisiones que han llevado a la denuncia pública de los padres, sino que a conciencia ha promovido un quiebre en la comunidad educativa, pretendiendo enfrentar a padres con docentes para desligarse de su responsabilidad. En este sentido, no sólo aplicó a todos los docentes del jardín una medida de total ilegalidad, removiéndolos de sus cargos pública y demagógicamente, a viva voz y con el único objetivo de acallar la justa demanda de los padres atravesados por una genuina angustia, sino que mintió en la información que le ha dado a la comunidad educativa:
Primero: es mentira que existe norma legal que obligue en los jardines a que los maestros de áreas especiales estén junto a los maestros de sala, tal como le respondió a una mamá.
Segundo: es mentira que un sumario no pueda avanzar en su investigación en forma independiente a la causa penal, tal se le respondió a otro papá; «… La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que pudieran configuar delitos… serán independientes de la causa criminal…» Se determina que «… Cuando paralelamente a la instrucción del sumario administrativo se sustancia por el mismo hecho una causa criminal, SE PROSEGUIRÁ LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA…»).[3]
Tercero: es mentira que el Ministerio de Educación no estaba informado de la denuncia que se había efectuado en el jardín oportunamente, ya que la representante del Gobierno en la Ciudad de Cipolletti y subdelegada del Consejo Zonal fue quien firmó el acta de readecuación de tareas del denunciado, a realizar en el Consejo Provincial de Educación de esta ciudad, con fecha 10 de junio de 2014.
Es por ello que, lejos de querer realizar una defensa corporativa, nos tomamos el tiempo necesario para verificar cada uno de los procedimientos que se realizaron. Reafirmamos que siempre vamos a apoyar a las víctimas de abuso. También vamos a denunciar, como lo venimos haciendo sistemáticamente, las mentiras, la demagogia y la desidia por parte de un gobierno que lo único que hizo fue dejar a un colectivo docente en situación de precariedad y vulnerabilidad, un colectivo docente que no duda en sostener la escuela pública muchas veces sobre sus espaldas y que no va a dudar en denunciar y censurar a cualquier abusador para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Desde la Conducción Directiva de UnTER Cipolletti exigimos:
· Exigimos celeridad en la investigación judicial y juicio al responsable.
· Exigimos que se instrumenten equipos psicopedagógicos exclusivos para las comunidades educativas afectadas, para que se pueda trabajar en forma permanente esta problemática.
· Exigimos el juicio político inmediato al fiscal Oscar Cid, el mismo que actuara en el caso de Otoño Uriarte, que demuestra una vez más su inoperancia y/o encubrimiento en situaciones de abuso o violencia de género.
· Exigimos la investigación de los pasos realizados por la sumariante y la Junta de Disciplina, por la omisión en las actuaciones que se debió realizar desde principios de junio.
· Exigimos al gobierno el cese inmediato de las medidas ilegales contra el personal docente del Jardín que lejos de aclarar y afrontar la situación colaboran en la desprotección a todos/as los/as docentes.
· Exigimos normalización y funcionamiento inmediato del Jardín 85 con equipos psicopedagógicos exclusivo y especializado.
Estos son los verdaderos responsables, que no han dudado en teñir de sospecha a todo el colectivo docente buscando un chivo expiatorio que desvíe de ellos el enojo legítimo de los padres, y sobre quienes deberían estar puestas las miradas y los reclamos: el acusado de abuso y el Estado.
Una vez más nos ponemos a disposición de la comunidad educativa a los fines de aportar herramientas de análisis y acción que permita sumar y colaborar en la contención de las víctimas.
Comisión Directiva UnTER Cipolletti.-