In-debidas concesiones • . Javier García Guerrero
Cada hora que pasa, el Banco Central tiene que suministrar u$s 1,8 millones adicionales para pagar crecientes importaciones de energía. Gas natural desde Bolivia (4 veces más caro que nuestro gas), gas licuado por barco (7 veces más caro), fueloil y gasoil por barco (8 veces más caro) En Mayo de 2003, producíamos 39% más de petróleo y 24% más de gas que ahora.
El idílico país que nos deja esta “década ganada por unos pocos” nos muestra a los Sindicatos Petroleros de las Provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro realizando paros conjuntos en todos los yacimientos convencionales y no convencionales, demandando la reducción de accidentes y la preservación de las fuentes de laborales de más de 700 trabajadores, en situación crítica por la discriminación fiscal que sufren las pequeñas destilerías, en beneficio de las compañías extranjeras. Es llamativo que esto se produzca cuando uno de los principales problemas energéticos, ha sido la baja capacidad de refinación nacional que aumenta nuestros requerimientos de importación de gas oil. ¿Será este otro de los imaginarios beneficios del “Plan Sustenta” lanzado en agosto del año 2012 por YPF a favor de los proveedores regionales, el desarrollo local y otras variadas fantasías invocadas para ganar tiempo y apoyo? Este plan cuenta con la declamada participación del Gobierno Nacional, del Gobierno de Río Negro, de YPF, del Ministerio de Industria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El grotesco relato ya se ha transformado en un Cuento de Terror.
Similar preocupación merece el esquema de renovaciones de concesiones de explotación sobre superficies exploradas de Río Negro, que encubierto por la enunciación de beneficios “para todos y todas”, se limita a colocar más bombillas en el mismo mate, sin cargar el termo, ni acomodar la yerba para que rinda.
Las dudas se incrementan a diario. Es difícil establecer en términos prácticos y concretos ¿qué significa “asegurar la curva de inversión” de las empresas que han incumplido cada uno de los compromisos de la concesión anterior? ¿Implica que los legisladores exigirán avales bancarios ejecutables automáticamente a favor de la Provincia, en el caso de que los concesionarios reincidan en sus seculares incumplimientos de los cronogramas de inversión, preservación y remediación ambiental, pago a superficiarios, regularidad fiscal y metas de explotación comprometidas? o se escribirá otro capítulo literario en coautoría con los mismos funcionarios de paso por la función pública, antes de su regreso triunfal (con jubilación de privilegio incluida) a las compañías concesionarias que nos saquean.
La discusión sobre la inversión se torna abstracta si recordamos la actuación de la empresa brasileña VALE con los yacimientos y el «tren del potasio», que prefirió perder lo invertido, pagar indemnizaciones del personal y PyMES contratadas antes de concretar una inversión comprometida de u$s 6.000 millones en el marco de inestabilidad económica, fiscal, política y de credibilidad en las reglas del juego que presenta actualmente nuestro país. Expresiones finales en un ciclo que termina antes del fin de las concesiones petroleras actuales, que dará responsabilidades a nuevos interlocutores políticos, con mayor margen de actuación y distintos encuadres de gestión.
Si la importancia del convenio fuera tener un contrato con un flujo de fondos de u$s 1.500 millones que permita superar la insolvencia del erario provincial rionegrino ante los bancos, que se niegan a financiarle nuevas aventuras, saldrá caro. Una operación de descuento y disponibilidad inmediata del flujo pactado a 10 años o su empleo como garantía para obtener préstamos en dinero fresco para la campaña electoral, es posible. Sin embargo tanto el elevado riesgo país argentino que determina una tasa de interés crediticia, que triplica la que paga la deuda soberana de Bolivia, como la actual fragilidad de Petrobrás cuyas acciones en 2008 cotizaban a u$s 70 en Wall Street y actualmente se venden a u$s 11, aseguran que el costo financiero de transacciones de ese tipo, en caso de autorizarse, serían muy elevados y representarían por parte del gobierno otra irresponsabilidad adicional, aunque esto no resulte para nada novedoso en Río Negro.
Esperamos que a diferencia de otros casos, los plazos no resulten 30, 60 y …… juicio.
Lic. Javier García Guerrero
Ex Director de la Especialización en Finanzas Públicas
(Facultades de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires,
de la Universidad Nacional de Jujuy y del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy)