Canal 10: Un coto de caza ● Mario Álvarez
La falta de controles activos sobre quienes nos gobiernan, habilita la producción de un sinnúmero de pequeñas acciones más ó menos deshonestas que posteriormente no se investigan y/o no se sancionan porque de alguna manera se ha hecho costumbre vivir en ésta cultura de lo provisorio y lo provisional, erosionando nuestra moralidad, individual y colectiva, y muy pronto lo que hasta ayer se suponía deshonesto e ilegal deja de parecernos tal cosa.
Este es el verdadero costo social que provocan ésas “pequeñas transgresiones corrosivas”, como las define Dan Ariely (Cátedra de Psicología y Conductas Económicas en la Univ. de Duke), y el resultado final, al cabo de los años, puede ser desastroso para toda la comunidad.
En nuestro país, los partidos políticos hegemónicos se han convertido a la vista de todos en los primeros responsables de este estado de cosas, y es así que se ha vuelto normal que ex Presidentes o ex Gobernadores sean llamados a comparecer ante la Justicia por tal o cual delito, del mismo modo que ya no nos sorprende la denuncia casi cotidiana de un sinnúmero de infracciones supuestamente menores, originadas en la mala gestión de quienes están obligados a custodiar los bienes del Estado, administrándolos de manera antojadiza y arbitraria para satisfacer mezquinos compromisos electorales previos.
Recientemente, “Radio y Televisión Rio Negro S.E.” aceptó indemnizar a una periodista despedida casi inmediatamente de desembarcado en el gobierno provincial el Frente para la Victoria.
En total, con honorarios incluídos, el Estado rionegrino deberá desembolsar más de medio millón de pesos.
Es muy fácil decir ahora que la conciliación alcanzada en sede laboral se llevó adelante para evitarle mayores costos a la empresa y al poder judicial. El daño ya está hecho, y cuando se terminen de clausurar todas las demandas entabladas por otros despedidos en idénticas condiciones, las cifras abonadas en desmedro del erario público serán millonarias.
Podríamos suponer que los que oportunamente tomaron la decisión de echar a Carla Pérez y a varios trabajadores más de Canal 10 lo hicieron a partir de un conocimiento técnico previo propio de “expertos en la gestión”, con lo cual quedarían de algún modo legitimados para intervenir en el abordaje de lo que supuestamente era un problema.
Sin embargo, sabemos que no es así. Canal 10 siempre fue un coto de caza para una elite política acostumbrada a apropiarse del Estado, y a vivir de él por años y años sin tener que rendirle cuentas a nadie.
Para lograrlo sólo necesitan súbditos, y no tienen prurito alguno en hacer uso y abuso de lo que W. Shakespeare llamó, Hamlet mediante, “la insolencia del cargo”.
No es la primera vez que Canal 10 sufre éstos embates, y es posible que a futuro desembarquen en sus oficinas nuevos funcionarios dispuestos a desplegar idénticas conductas que las llevadas adelante por Julián Goinhex y Victoria Argañaraz.
Mientras tanto, sería bueno que la sociedad civil se asuma como verdadera expresión de la ciudadanía organizada, y reclame la participación activa que sin duda merece como integrante activa de un estado de derecho.
Esa intervención permitiría, llegado el caso, demandar la responsabilidad solidaria de los funcionarios que deciden a suerte y verdad sobre dineros que no les pertenecen, obligándolos a responder personalmente, con su propio peculio, por las consecuencias patrimoniales que deriven de sus antojos funcionales.
MARIO ALVAREZ
Candi9dato a diputado FP