Piccinini presentó proyecto sobre Consejo de la Magistratura
Viedma (ADN).- La Legisladora Provincial del FpV, Ana Piccinini, presentó un proyecto para reformar la Ley Provincial Nº K 2.434, orgánica del Consejo de la Magistratura. Con esta iniciativa, la ex defensora del Pueblo pretende modificar el sistema de selección de Magistrados y Funcionarios judiciales, simplificando el procedimiento. Entre otros aspectos propone que los abogados “tenga una retribución por su tarea en el Consejo”.
Piccinini manifestó que es de público conocimiento que el sistema judicial rionegrino, se encuentra en una etapa de recambio de Magistrados y Funcionarios judiciales. Este recambio se tornó, casi urgente y repentino, desde que la provincia ratificara por ley, un acta que se dio en llamar “Complementaria del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia de Río Negro a la Nación”.
Explicó que “aquel Convenio fue suscripto, entre Nación y Provincia en el año 1996, con un Acta complementaria suscripta en el año 2007, instituyó la jubilación con el beneficio del 82 % móvil para un sector del Poder Judicial que fue beneficiario de una arbitraria, desigual e inconstitucional decisión, adoptada y consensuada entre las autoridades provinciales y nacionales, en clara violación del Principio Constitucional de “Igualdad ante la Ley” con respecto al resto de los empleados públicos provinciales incluidos, los del propio Poder Judicial”.
“Ello sin lugar a dudas, motivó que gran cantidad de Magistrados y funcionarios, procedieran a tramitar su beneficio Jubilatorio. Esta situación, provocó que muchísimos juzgados y cámaras quedaran acéfalos, lo cual como es obvio y lógico, semejante impacto, resintió el servicio de justicia”, reitero la parlamentaria.
“El otorgamiento de tales beneficios, provocó al poco tiempo, un colapso en el servicio de justicia, pues todos los Magistrados y Funcionarios, minoría alcanzada por la prebenda, que ya estaban en condiciones de jubilarse, iniciaron inmediatamente los trámites y se jubilaron. Frente a esta situación, los máximos responsables del Poder Judicial, se vieron conminados a iniciar el intrincado y dificultoso proceso de selección de magistrados que instauró la última modificación introducida a la Ley 2434 por la ley 4280,con el examen de oposición escrito para el ingreso a la justicia”, continuó.
Piccinini manifestó que “como sucede y acontece con todos aquellos procesos que contemplan distintos escaños y etapas, el devenir del tiempo en la aplicación de la Ley 2434 , pone en evidencia tanto sus virtudes como sus falencias o puntos que necesitan ser revisados y modificados. Así, el diseño del procedimiento de selección actual de la ley 2434, en estos años, ha demostrado no solo que el mismo, no resulta infalible a la hora de terminar con las selecciones anunciadas, sino que a su vez, torna lo que se supone, debiera ser un proceso de selección ágil en un proceso lento, producto de las distintas etapas que hay que sortear las cuales, se encuentran en cabeza de distintos órganos evaluadores y decisores”.
“Este proyecto pretende modificar el proceso de selección de Magistrados y Funcionarios judiciales, simplificando el procedimiento de selección”, manifestó la legisladora.
“Así, se establece que sea solo el Consejo de la Magistratura, cuerpo elector por excelencia según la manda Constitucional, el encargado de evaluar y merituar los antecedentes personales y curriculares de los aspirantes y el de realizar el examen de oposición en Audiencia pública y en forma oral, a cada uno de los concursantes. Por otra parte y en el entendimiento de que si se concentra en una misma Audiencia Pública, tanto la evaluación de los antecedentes como el examen de oposición, no solo se agilizará el proceso de selección de Magistrados y Funcionarios, sino también contribuirá a dotar de mayor transparencia al proceso de selección” dijo Piccinini.
Consideró, la autora, que su iniciativa contribuirá a lograr un nivel de excelencia y compromiso de todos los actores que participan en el proceso de selección y que aquí, también será el propio Consejo de la Magistratura el que resulte examinado en cada una de las Audiencias Públicas en las que actúe, y esa no es una cuestión menor.
Continua diciendo Piccinini “la reforma que estoy promoviendo, no solo redundará en una mayor celeridad en el proceso de selección, sino que permitirá evaluar también, otras cuestiones que a mi humilde entender, hoy no pueden ser apreciadas al seleccionar a un aspirante simplemente, porque el examen escrito, impide conocer el porqué de la respuesta, la motivación de la misma”.
“Impide también preguntar sobre cuestiones que pueden surgir en el momento, en fin, el examen oral – por sobre el escrito -permite al evaluador, no solo corroborar los conocimientos jurídicos del postulante, sino advertir su predisposición, su capacidad de respuesta, su lenguaje gestual, coraje, postura corporal, compromiso con la “elección de vida” que revela realizar al pretender ingresar al Poder Judicial de la Provincia o al buscar un ascenso en la carrera ya iniciada”. En fin, un sin número de cuestiones, que sin duda, resultan fundamentales, y que debe poseer quien en definitiva, va a ser designado para decidir sobre los derechos de los demás”.
“El presente proyecto introduce la necesidad de que el desenvolvimiento de los letrados integrantes del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados de cada Circunscripción Judicial, tenga una retribución por su tarea en el Consejo de la Magistratura. Esto en el convencimiento que el trabajo a llevar a cabo por los mismos, es de gran compromiso y tiene que ver directamente con la excelencia en la respuesta institucional que debe dar este Consejo. Jamás cobraron por su trabajo. Al contrario todos los demás integrantes tanto jueces como legisladores tienen esta actividad dentro de sus obligaciones, debidamente remuneradas”, describió.
“Para que el Consejo funcione como corresponde hay que dedicarle horas, lo que significa para estos funcionarios abogados “ad honoren” dejar de atender sus casos particulares, no poder asistir a Audiencias pactadas en fin, dedicarle tiempo a una tarea que no es rentada en desmedro de sus propios y legítimos intereses laborales. Además hoy no se les puede exigir en la medida que correspondería precisamente, porque su desempeño, no es remunerado. Esta en una de las razones por la cual en su gran mayoría los sumarios que se realizan a los jueces, quedan en manos de Legisladores y Magistrados”, finalizo la legisladora Ana Piccinini.