UCR podría ir a la Justicia por incompatibilidad de Bartorelli

Viedma (ADN).- El legislador radical Alejandro Betelú anunció hoy que su bloque podría  recurrir a la Justicia de Río Negro si la Legislatura Provincial o alguno de los organismos de control pernitentes no actúa frente a la clara incompatibilidad de funciones que mantiene su coterráneo del FPV, Luis Mario Bartorelli, quien a pesar de que la Constitución Provincial lo prohíbe claramente desarrolla simultáneamente su tarea de parlamentario provincial con su profesión de más de 30 años de médico ginecólogo. Cuestionamientos similares había tenido el doctor en su paso como concejal de General Roca.

La carta magna provincial establece en su texto que ser legislador es incompatible con «el ejercicio de profesión o empleo, con excepción de la docencia e investigación según la reglamentación», incluyendo además a «director, administrador, gerente, propietario o mandatario, por sí o asociado, de empresas privadas que celebran contratos de suministros, obras o concesiones con los gobiernos nacional, provincial, municipal o comunal».

También establece que «los agentes públicos y de la actividad privada tienen licencia sin goce de haberes desde su incorporación a la Legislatura y se les reserva el cargo hasta el cese de su mandato».

Betelú analizó este tema en declaraciones a Radio Show Roca, respecto a la postura de la Defensora del Pueblo, Nadina Díaz, quien se excusó de actuar frente a la violación de las incompatibilidades del legislador Bartorelli, argumentando que la propia Legislatura y órganos contralores son los organismos que institucionalmente deberían actuar ante esta situación, «me parece que lo de la Defensora del Pueblo si bien quiso darle un toque formal es lavarse las manos», opinó.

Betelú reconoció que «esta situación que se estaba dando, era un secreto a voces, pero bueno a nosotros la gente nos votó para que legislemos y para que llevemos adelante políticas públicas, no para ir a hacer denuncias como hicieron los que hoy son oficialismo y que al final terminan en nada». Remarcó que «los que tienen que actuar son los cuerpos orgánicos que están previstos en la Constitución y en las leyes, si vamos a defender la Constitución, que dice la Constitución además de justamente la incompatibilidad: que la propia cámara tiene facultades correctivas como cualquier entidad donde hay autoridades, si un empleado comete errores para algo tiene los mandos naturales, que en este caso son la presidencia de la Legislatura o el bloque de legisladores oficialistas que tomen cartas en el asunto».

«Si no lo resuelve ni uno, ni otro, iremos nosotros a la Justicia a plantearlo como corresponde, pero primero tenemos que esperar que actúen las instituciones que están para eso, la Fiscalía de Estado, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas», remarcó y agregó que «hay que ver quien fue el del IPROSS que le pagó a Bartorelli, porque él que le pagó del IPROSS también está cometiendo un error del que se tendrá que hacer responsable, habrá que ver que dice la AFIP, a ver si esos pagos eran informados como ingresos o no, hay que ver que dice la Federación Médica que tiene en sus filas a un prestador que no puede ser prestador del estado, me parece que lo de la Defensora del Pueblo si bien quiso darle un toque formal, es lavarse las manos».

«La Defensora del Pueblo hasta 10 ó 15 días atrás planteaba que cobrar plus hablando de la situación de los médicos de Viedma es prácticamente un delito, esas son las palabras que ella utilizo, creo que se refería concretamente al cobro de plus que en eso sí tiene que actuar porque está defendiendo al pueblo, ahora las cuestiones de incompatibilidad las tiene que resolver la propia cámara», señaló finalmente compartiendo el criterio de Díaz.

Bartorelli ya había sido cuestionado por esta situación durante sus dos gestiones como concejal primero y como presidente del Concejo Deliberante de General Roca, ya que además de su tarea de concejal y su consultorio privado, actuaba como médico de la Colonia Penal U5 Subprefecto Miguel Rocha dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, aunque a pesar de los cuestionamiento continúo ejerciendo hasta que se «retiró» como penitenciario. Hace pocos días confesó que no sabía de las incompatibilidades del cargo hasta que resultó electo, reconoció e incluso defendió y justificó su postura, que viola abiertamente la Constitución Provincial.

Hace pocos días el presidente del fracturado bloque del FPV, Pedro Pesatti, reconoció la situación aunque se abstuvo de expresar opinión al respecto, excusándose por mantener una gran amistad con Bartorelli, a quien definió como «un gran tipo» y «un gran médico». Otro que evitó referirse al tema fue el presidente de la cámara y vicegobernador Carlos Peralta. (ADN)

 

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