¿Quién se hace cargo de la situación del defensor del Pueblo de Bariloche?
Bariloche (ADN).- El defensor del Pueblo de Bariloche, Vicente Mazzaglia, está suspendido de su función hasta el 5 de septiembre por la denuncia de acoso laboral por parte de todo el personal femenino del organismo. La decisión la adoptó el Concejo Municipal pero ahora todos los estamentos del Estado –incluyendo el Ejecutivo y el Tribunal de Contralor- se desligan del caso y no se define quién determinará acerca del futuro del funcionario y las denuncias efectuadas. El Concejo Municipal suspendió en junio pasado al defensor. El Ejecutivo a través del área de Recursos Humanos recepcionó la denuncia de las empleadas afectadas por moobing y diagnosticó el caso como “maltrato laboral”. El Tribunal de Contralor recibió las actuaciones del Ejecutivo y ahora declara su incompetencia. Los tres poderes del Estado municipal intervinieron en el caso que sigue inconcluso y que en dos semanas se debe definir si Mazzaglia continúa suspendido, es revocado del mandato o regresa a sus funciones.
¿Quién debe actuar en este caso? Los tres poderes del Estado se pasan el tema unos a otros desde hace semanas. Ayer los concejales se reunieron con miembros del Contralor, tras recibir el dictamen de éste último que declaró su incompetencia “porque el organismo está vinculado a cuestiones financieras o de afectación al patrimonio municipal exclusivamente, dijo a ADN, Daniela Nuñez, presidenta del Tribunal de Contralor.
Por su parte, María Eugenia Martini, titular del Deliberante, afirmó a ADN que se reunirán ahora con el área de Función Pública y Control de Gestión (del cual depende Recursos Humanos) y “si no hay avances en que ellos hagan el sumario, va a ser el Concejo el que termine tomando la decisión”.
El concejal Alfredo Martín (Frente Grande) aseguró en tanto que el Concejo “no puede designarlo y ahora investigar y juzgarlo”.
Cabe recordar que al suspender a Mazzaglia en junio pasado, el Concejo en pleno había argumentado que “el Concejo interviene desde su nombramiento hasta su posible destitución. El análisis que efectúa el Concejo Deliberante no pasa únicamente cuando examina a los candidatos propuestas para la designación, sino también se debe manifestar durante el desarrollo de su actuación, como en este caso”.
Los concejales –que son quienes designan al defensor- tienen la facultad de separar al funcionario del cargo en caso de que se determine la responsabilidad de Mazzaglia en el abuso laboral denunciado.
La Carta Orgánica establece la revocatoria de mandato pero para ello no sólo bastan los dos tercios de los votos sino que además se debe convocar a un referéndum para que la comunidad opine al respecto, según reza el artículo 155 de la Carta Orgánica, aún cuando el defensor no es un funcionario electo por la población sino designado por el cuerpo de concejales.
Por su parte, el Tribunal de Contralor –que se declaró incomptente- advirtió que la ordenanza de violencia laboral que fue promulgada en diciembre pasado, no está reglamentada, por lo tanto no cuenta con sanciones específicas para los funcionarios que cometan abusos. La norma en su artículo 17 dice que debe ser reglamentada la ordenanza por el Departamento Ejecutivo en un plazo de 60 días corridos desde la publicación en el Boletín Oficial. El plazo venció en febrero.
Por su parte, el área de Recursos Humanos asegura que su parte del trámite administrativo mediante Salud Laboral, está concluido, pero nadie realizó un sumario o expediente para investigar el accionar del defensor.
¿Cómo fue el procedimiento? La ordenanza de violencia laboral fija en su artículo 9 que la autoridad de aplicación es el área de Recursos Humanos del Ejecutivo pero ésta “podrá elevar” el caso al Tribunal de Contralor si se trata de un funcionario político pero no se clarifica en qué casos lo tendría que hacer.
Tomando esta posibilidad es que el Concejo y el Ejecutivo derivan la investigación al Contralor que ahora advierte que no le corresponde.
En tanto, también intervino la delegación Río Negro del INADI que recibió la misma denuncia por parte de las cinco empleadas de la Defensoría del Pueblo, inició un expediente que elevará al organismo central.
Mientras que la Defensoría del Pueblo continúa bajo la titularidad provisoria de la secretaria Legislativa, Roxana Barbieri, designada por los concejales, y las empleadas denunciantes retomaron a sus puestos de trabajo –tras el apartamiento- pero dudan de su continuidad en caso de que Mazzaglia reasuma en sus funciones.
La ordenanza recuerda además en su articulado que “el Estado será responsable por acciones de violencia laboral a que se vieran sujetos sus empleados”. Esta responsabilidad implicaría que una vez agotada la vía administrativa el tema llegue a la Justicia. (ADN)
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