Frenan la prórroga directa de licitaciones en Bariloche

(ADN).- Desde hace algunos años que en San Carlos de Bariloche se han tratado ciertos temas que han generado polémica en la ciudadanía en general y en la política en particular: la extensión de las concesiones públicas por parte de la Municipalidad. Históricamente sucedió con la empresa concesionaria del Transporte Urbano de Pasajeros que funcionó por casi tres décadas, la empresa Tres de Mayo. Luego pasó con la firma que explota los medios de elevación de su centro de esquí, Catedral Alta Patagonia. Y el último caso fue la ampliación contractual del cerro Campanario.

Cada uno de los privados, fueron beneficiados con la continuidad de sus contratos cuando estaba por vencerse su concesión, sin un nuevo llamado a licitación pública. En cada caso, se les otorgó el beneficio del correcto funcionamiento y por decisión política, siguieron trabajando.

El caso de Tres de Mayo fue en varias oportunidades. En la década de los 80 obtuvo la concesión del servicio de transporte y una vez vencido el mismo, se siguió extendiendo inclusive sin un contrato, sino casi por uso y costumbre. Hasta que en la gestión de la exintendenta María Eugenia Martini se decidió poner fin a esa práctica y también en un proceso polémico, se determinó darle la prestación a dos empresas foráneas. Pero esa es otra novela.

El caso más resonante fue el de Alta Patagonia, que varios años antes de que se le termine la concesión, el gobierno de Gustavo Gennuso decidió extendérsela por 30 años más. Incluso, hay que destacar que la intención inicial era hacerlo por 50 años. Tuvo el aval, en doble vuelta, de los dos tercios del Deliberante. De esos ocho ediles, pocos ciudadanos recordarán sus nombres y al responsabilidad cayó íntegramente en el exjefe de la ciudad.

El último de los ejemplos, pasó con el cerro Campanario, que tiene un medio de elevación y una confitería en la cumbre del cerro homónimo, con una de las vistas panorámicas más bellas del planeta, ubicado a 17 kilómetros del centro de Bariloche. Esto fue en 2024, cuando se le extendió por 20 años más la concesión a quienes actualmente explotan dichos servicios.

Por estos antecedentes y con la finalización del contrato de la empresa Mi Bus (actual prestadora del servicio de transporte urbano) a menos de dos años de finalizar, es que el concejal Leandro Costa Brutten impulsó la iniciativa de abrogar la ordenanza originada en 1995 que permitía evadir las licitaciones y avanzar en la prórroga de los convenios.

En la última sesión del Deliberante, por voto de la mayoría de los ediles y sólo con la oposición del oficialismo, se aprobó esta norma. Aunque vale decir, que todavía puede ser vetada por el Intendente si así lo quisiese.

Según Costa Brutten, la ordenanza de 1995 permitía “la prórroga directa de una licitación o concesión sin un proceso licitatorio formal, fue redactada con la intención de agilizar los procedimientos administrativos, pero ha generado efectos que comprometen los principios esenciales del sistema de contrataciones públicas. Su implementación ha evitado la competencia abierta, un elemento clave para asegurar que el municipio obtenga las mejores condiciones posibles”.

“Al no permitir la participación de nuevos oferentes, se limita la posibilidad de evaluar propuestas que podrían resultar más favorables, tanto desde el punto de vista económico como en términos de calidad de los servicios ofrecidos. Además estas prórrogas pueden ser igual o incluso más largas que el contrato original, lo que agrava aún más los efectos de no contar con un proceso competitivo”, sostuvo en la defensa de su propuesta.

Entiende que la práctica de extender los contratos sin procesos licitatorios, “afecta la transparencia en los procesos de adjudicación. Al eludir el procedimiento estándar de licitación, se impide la exposición pública de los criterios de selección y la justificación de las decisiones, lo que puede generar desconfianza entre la ciudadanía y otros actores involucrados”.

“La transparencia es esencial para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y que las decisiones sobre contrataciones sean adecuadamente evaluadas y supervisadas. La falta de un proceso competitivo impide que los organismos de control y la sociedad en general, verifiquen si los contratos son adjudicados de acuerdo con criterios objetivos y se está obteniendo el mejor servicio al mejor precio”, remarcó el edil.