Otra deuda sin saldar. ADN
No es la primera vez que cuando un ámbito de investigación extra judicial y extra policial, como en este caso la Legislatura de Río Negro, trabaja en dilucidar crímenes de honda repercusión social, las conclusiones se asemejan: irregularidades, errores, desidia y prejuicios sociales hacia la víctima por parte de la Justicia y de la Policía, conceptos que parecen virtudes, porque no siempre son apreciados al momento de sancionar a los funcionarios responsables.
Lamentablemente el asesinato del joven viedmense Atahualpa Martínez Vinaya, también se incorporó a esta larga lista de casos irresueltos en Río Negro, donde primaron las impericias e ineficiencias policiales e la impunidad de la Justicia.
El informe de la comisión legislativa pegó con fuerza en la responsabilidad que le cupo a la fiscalía que intervino en la investigación y en la tarea desarrollada por los efectivos de la Policía, asignados al caso.
La larga exposición parlamentaria, con muchos datos por demás interesantes y la prolija explicación de peritos, no hizo más que confirmar lo que es vox populi, en cuanto a las irregularidades que se cometieron en la investigación de la muerte de Atahualpa.
En primer término la falta de cuidado de los agentes policiales para preservar el lugar físico donde fue hallado el cadáver. Bien es sabido que las primeras pruebas que se rescatan y un adecuado peritaje del cuerpo y el escenario, marcan un camino promisorio para esclarecer un hecho de esta naturaleza.
La policía no sólo contaminó el lugar sino que luego con declaraciones de testigos, pruebas plantadas, alteradas e intencionalmente intrascendentes, no hicieron más que conspirar en el esclarecimiento del crimen.
La fiscal Daniela Zágari, a quien el informe le dedica espacios de responsabilidad importantes, no actuó desde el primer momento como correspondía, tomó vacaciones (fue reemplazada por el fiscal Ricardo Falca) se movió con lentitud y en un tire y afloje con la fuerza policial, más precisamente con el comisario a cargo del caso, Alfredo Sosa, se debatieron en ocho hipótesis distintas, que no hicieron más que dilatar caminos posibles de esclarecimiento.
Existieron hecho de gravedad e irregularidades en allanamientos, pruebas, con testigos armados y otras falencias, pero si algo tuvo su epicentro en el informe fue el tema de la campera de jean, con rastros de sangre y pólvora, que la fiscal tuvo guardada, que tardó años en peritar y que ni siquiera se cotejó con la talla de los imputados, que luego quedaron en libertad, precisamente porque se cayeron las pruebas de la fiscalía.
Esto siempre se supo en ámbitos judiciales y en los círculos de los abogados penalistas, pero ahora está plasmado en la letra de un informe oficial del Estado rionegrino.
Un tema no pasó inadvertido en la lectura del informe y que generó no pocos comentarios en quienes conocen de las internas político-judiciales, e incluso en el entorno familiar y de amigos de Atahualpa, y fue la participación de la legisladora Ana Piccinini, que con mucha locuacidad insistió en lo que podría llamarse la “pista policial” y en esa línea orientó sus preguntas.
Sus reiteradas intervenciones se interpretaron como interesadas en desviar la atención sobre las responsabilidades de la fiscalía y centrarlas únicamente en la fuerza de seguridad, incluso llegó a preguntarle a un perito, de manera directa: “¿la policía mató a Atahualpa?”. Sorprendió la pregunta.
No escapó entonces, en este criterio, que todo habría tenido la intencionalidad de liberar a Daniela Zágari de la carga investigativa, una fiscal que dependía de la Procuración a cargo de su hermana Liliana Piccinini.
Pasaron más de siete años y nada se pudo saber con certeza. Sólo que la muerte del joven viedmense se produjo en un sitio distinto al descampado donde fue hallado, que se produjo a pocas horas de haber salido del local nocturno “Miloka” y que se descarta la vinculación de Atahualpa con estupefacientes.
Hay falencias en las estructuras de investigación. Se habla de la necesidad de capacitación, de contar con una policía judicial, de sumar tecnologías y modificar «mentalidades». Pasaron 57 años de la creación del Poder Judicial de Río Negro y de la Policía de la Provincia, ¿no habrá llegado la hora de producir estos cambios?.
La esperanza de saber algo más y encontrar a los culpables siempre estará en Julieta Vinaya y sus familiares, con el convencimiento que se investigó mal y que existen responsables. El legislador radical Darío Berardi se expidió en el sentido de que el Consejo de la Magistratura tiene que analizar la conducta de la fiscal Zágari, un tema en el que muchos coinciden. Nada retornará a Atahualpa a la vida, pero la sociedad sabrá apreciar el valor de las instituciones.
Atahualpa será otro caso emblemático, que tendrá su lugar en la historia de criminología rionegrina, con el mismo común denominador de impericia, ineficiencia e impunidad, que rodearon a otros casos, como la desaparición del peón rural Daniel Solano.
Nadie puede hacerse el distraído y ante situaciones como éstas cabe preguntarse cómo se evalúan los ascensos en la carrera policial y cómo designa jueces y fiscales el Consejo de la Magistratura. A quien la caiga el sayo que se lo ponga.