Sin oferta, la función pública pasó a un cuarto intermedio
(ADN).- El Gobierno no realizó ninguna oferta salarial a los gremios en el seno de la Mesa de la Función Pública. El encuentro era el que reanudaba la paritaria con ATE y UPCN. Frente a la postura de la administración provincial, los representantes gremiales plantearon correcciones al último acuerdo, y se decidió un cuarto intermedio, que todavía no tiene fecha.
Los funcionarios alegaron que las finanzas de Río Negro no permiten un incremento salarial para los estatales. Y aseguraron que la masa ya está en topes críticos en relación al presupuesto. En ese marco, el Gobierno teme no poder brindar servicios esenciales. Para explicar el momento, volvieron a exponer la pérdida de recursos nacionales.
Los gremios pidieron que el Gobierno revise su posición y reclamaron aumentos -mínimamente- acordes a la evolución de la inflación, y dejaron asentado que no creen en los números del INDEC, pero acordaron que sirven de guía para la negociación de base.
ATE
Al finalizar la reunión, ATE emitió un comunicado expresando su «rechazó de plano las excusas para congelar el salario» estatal que presentó el Gobierno. Aseguró que «los datos no se condicen con los relevados por el sindicato y se declaró en estado de alerta y asamblea permanente».
El sindicato indicó que el Ejecutivo provincial llegó a la reunión paritaria «con las manos vacías y una explicación nada convincente». «Los números que adjuntaron no se verifican con la realidad: ATE expresó que los aumentos salariales acordados se ubicaron por debajo de la evolución de precios».
“El Gobierno miente y a través de su relato intenta ocultar que los costos del ajuste que sufren las provincias salen de los bolsillos de los agentes públicos”, dijo el secretario general de ATE, Rodrigo Vicente. “En las próximas horas evaluaremos en nuestras instancias orgánicas cómo vamos a responder a esta posición del Ejecutivo rionegrino”, agregó.
UPCN
Desde el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi, también criticaron la actitud del Gobierno y advirtieron la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores públicos, que en su mayoría, están bajo la línea de la pobreza.