La pelea con el SOYEM le reportó otro revés a Cortés

(ADN).- En su pulseada con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM), el intendente de Bariloche Walter Cortés sufrió un nuevo revés judicial. La Cámara Segunda del Trabajo rechazó una acción promovida por la Municipalidad que intentaba evitar el pago directo de salarios a los dirigentes gremiales, bajo el argumento de presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias gremiales.
El fallo, fechado el 6 de mayo y firmado por los jueces Jorge Serra, María de los Ángeles Pérez Pysny y Alejandra Paolino , fue tajante: la estrategia del Ejecutivo local no solo fue infundada, sino que terminó ocasionando un nuevo perjuicio económico para las arcas públicas, ya que la comuna deberá afrontar los honorarios legales del proceso.
La demanda por consignación -una figura legal prevista para situaciones en las que no se puede determinar con certeza quién debe recibir un pago- fue presentada por la Municipalidad para los haberes de diciembre de 2024 correspondientes a la comisión directiva del SOYEM. Según el planteo oficial, existían dudas razonables sobre si los miembros del sindicato estaban cumpliendo con los requisitos establecidos en el estatuto municipal para percibir sus sueldos.
Sin embargo, la representación legal del SOYEM rebatió en duros términos: advirtió que el municipio había otorgado las licencias gremiales con goce de haberes y que, además, venía reconociendo y pagando esos salarios sin objeciones durante los últimos años. “No hubo revocación alguna, y no se puede alegar ignorancia sobre una práctica consolidada desde hace más de 40 años”, argumentaron los abogados sindicales.
El tribunal coincidió con la defensa gremial y desestimó la consignación por carecer de fundamentos. También remarcó que no se cumplió con los requisitos formales del procedimiento, como la presentación de liquidaciones salariales claras y detalladas.
La sentencia no solo representa una victoria política para el SOYEM en su disputa con la actual gestión, sino que deja al municipio frente a un nuevo costo económico: el pago de los honorarios a los abogados que representaron a los trabajadores, que deberán calcularse en ejecución de sentencia.
En medio de un clima de creciente tensión entre el Ejecutivo municipal y el sindicato, este fallo suma un traspié a la estrategia de confrontación de Cortés, que hasta ahora parece más costosa que efectiva.