El Estado y la distribución del ingreso

(Por Salvador Durán*). – Es lógico pensar que no hay un único listado de funciones que debe cumplir el Estado para con la sociedad, ya que el mismo se supedita a la idiosincrasia política del gobierno de turno. No obstante, y habiendo dicho esto, es importante pensar que, en la búsqueda del bien común, una de las funciones del Estado debería ser tender a una equitativa distribución del ingreso. Este precepto,  debería cumplirse, entre muchas otras acciones, fomentando las herramientas necesarias para crear cada vez más trabajo genuino, facilitando mecanismos de comercialización que deriven en la mayor riqueza e ingreso de divisas al país, en el fomento de la creación de nuevos emprendimientos con la esperanza certera que en el futuro serán empresas de envergadura, entre otras, y sobre todo, también en el cuidado de una justa distribución del ingreso en las cadenas productivas del país. 

Centrando mi análisis en la producción agropecuaria, y, sobre todo, pensando en las economías regionales, es imperante empezar a arbitrar mecanismos de transparencia dentro de las cadenas de valor de los distintos productos que van llegando al mercado y al consumidor final. La realidad de los productores primarios del país, en la mayoría de los casos, es muy distinta a la que se presume cuando compramos los productos hortícolas o frutícolas en góndola.

Hablamos de la inflación de alimentos, y dentro de ellos los de frutas y verduras, pero nunca, ningún gobierno, se interesó en saber cómo se distribuía ese ingreso dentro de la cadena comercial y productiva, no sólo para arbitrar mecanismos de justa distribución, sino para detectar cuál es el eslabón de la cadena que usa su posición de predominio para apropiarse de rentas indebidas, haciendo pagar al consumidor sobreprecios que no debería y pagando al productor primario precios viles.

Históricamente ante reclamos insistentes de productores primarios pidiendo ayuda para poder llegar a la próxima cosecha, les han «tirado» desde el Estado Nacional y provinciales, unos pesos (algo así como una aspirina para una enfermedad terminal) en forma de subsidios. En realidad, éstos siempre fueron a parar a los exportadores y grandes comercializadores en forma de subsidios indirectos, ya que tomaban el mismo como ingreso del productor y parte del precio de la fruta u hortaliza a cobrar, con lo cual pagaban o pagan menos el kilo de producto al productor primario.

A modo de ejemplo, y sin derivar en otros temas, diría que la Provincia de Río Negro, ha caído, en algunas oportunidades, en esa entrega de subsidios a los productores primarios de peras y manzanas, que terminaron beneficiando a los exportadores. No obstante, en los años 2002 y 2005, instada por la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén de aquella época, a través de las leyes 3611 y 3993, ha logrado, en parte, equilibrar esta relación dispar de fuerzas entre los pocos compradores y cientos de vendedores de peras y manzanas (mercado imperfecto, en este caso llamado oligopsonio). Hoy, estas leyes, son la única herramienta que tiene el productor primario frente al abuso de los comercializadores.  También hasta ahora, tienen casi 20 años de vigencia, todos los fallos que se produjeron a partir de reclamos de productores primarios de peras y manzanas han sido favorables a éstos y lo que es más importante, la posibilidad de una audiencia de conciliación dentro del ámbito de la Secretaría de Fruticultura de la Provincia de Río Negro, ha resuelto muchos conflictos sin tener que acudir a la justicia. Además, la posibilidad de poder iniciar acciones legales el productor primario sin costos, ha posibilitado que muchos de ellos avanzaran en este sentido. Claramente el concepto que impera en estas leyes, es la del bien común, de modo que los ingresos recibidos por los comercializadores, sean distribuidos más equitativamente entre los cientos de productores primarios, siempre el eslabón más débil de la cadena.

Cabe destacar, que las fuerzas oligopsónicas están muy presentes debido a que la concentración en los últimos 20 años ha sido excesivamente pronunciada (si bien la misma comenzó desde que se concesionó el Puerto de San Antonio Oeste). Es así que al haber tan pocos compradores, los productores se ven atemorizados de reclamar judicialmente los precios mínimos que estipulan las leyes en cuestión cada año, ya que temen que un acuerdo de los compradores, impida que pueda vender su fruta el año siguiente.

Esta situación, podría ser el puntapié inicial para hacer una Ley Nacional que garantice transparencia en la comercialización de los productos primarios y una justa distribución del ingreso dentro de la cadena productiva y comercial.  A partir de esta Ley Nacional cada economía regional, a través de sus respectivas provincias, deberían adaptarla a sus características productivas y comerciales, para ponerla en vigencia. Dicho instrumento permitirá contener y proteger a todos los productores primarios de los abusos de los exportadores y comercializadoras, y además preservará a ese pequeño y mediano productor, que vive en su chacra, que puebla el suelo provinciano y puede conformar un tejido social dinámico y muy interesante para el desarrollo del interior del país.

Un Gobierno Nacional, con una mirada real al interior del país, que cuida los derechos de los más vulnerables y débiles de la sociedad, debería propiciar este tipo de soluciones para lograr una sociedad más justa y equitativa. Estas soluciones no llegan con dinero, sino con la gestión de gobierno orientada al bien común y la paz social.   

*Licenciado en Economía-Productor Frutícola