Avanza la nueva ley de Convenciones Colectivas

(ADN).- Se trata de un proyecto del oficialismo que busca regular las negociaciones que se celebren entre la Administración Pública Provincial y sus empleados.

En reunión plenaria, las comisiones de Asuntos Sociales, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda trataron el proyecto para regular las negociaciones colectivas que se celebren entre la Administración Pública provincial y sus empleados.

Entre otros puntos, el texto señala que la negociación colectiva puede realizarse dentro de un ámbito general o sectorial y que las partes pueden articular la misma en los distintos niveles. Asimismo, que para cada negociación, general o sectorial, se integra una Comisión Paritaria, la cual se conforma con los representantes del Estado empleador y por los representantes de todos los agentes públicos.

«Esta es una ley que pone fin a años de discriminación, crea ámbitos de participación e impulsa el diálogo como la herramienta para resolver los conflictos» declaró Rodrigo Vicente Sec. Gral. ATE Rio Negro.

En el caso de negociaciones en el ámbito sectorial, intervendrán necesariamente las asociaciones gremiales legalmente reconocidas del sector que correspondan a dichos ámbitos de actuación. La negociación colectiva contemplará todas las cuestiones laborales que integran la relación de empleo, tanto las de contenido salarial como las demás condiciones de trabajo, con excepción de las expresamente contempladas en el proyecto.

Lucas Pica, impulsor del proyecto, remarcó que “estamos culminando una etapa iniciada en el año 2018 para democratizar el esquema de discusión de las relaciones colectivas de trabajo en el sector público de la provincia de Río Negro”.

Aclaró que el requisito de la personería gremial lo impone la normativa nacional, de la cual no es posible apartarse. “Hoy estamos dando un paso importantísimo para poner a Río Negro y a sus trabajadores públicos en el tren de la normativa OIT: coexistencia, pluralidad sindical en términos de igualdad”, aseguró.

El proyecto, con modificaciones, contó con el voto del oficialismo, y los tres bloques de la oposición, el FdT, JxC y FR, se tomaron las 48 horas para decidir su posición con respecto al proyecto.