Tierra y propiedad. ADN
“A lo largo de la historia del país se ha dado una distribución desigual de la tierra, pero además vemos un mercado inmobiliario que impone sus propias reglas y los trabajadores con su salario no pueden acceder a un terreno con servicios”. La frase de Arabela Carreras impuso el marco conceptual del plan provincial de acceso a lotes, y visibilizó el universo al que pretende llegar: los rionegrinos que no son sujeto de crédito.
El programa Río Negro Suelo Urbano tiene un contexto nacional. El Gobierno de Alberto Fernández presentó en agosto el plan del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para la gestión de la tierra. También hay municipios que avanzaron en proyectos similares, como Cervantes y Viedma. Todos, proponen un trabajo interjurisdiccional e interdisciplinario. Y buscan poner a disposición lotes accesibles para la construcción de viviendas y así, desalentar las tomas.
Las usurpaciones no son nuevas ni son unicausales. La necesidad, a partir de la falta de oportunidades, está atravesada por intereses políticos, oportunistas deleznables que venden y subvenden las parcelas que hacen en las tomas con precisión de agrimensores, y la complicidad estatal que por años prefirió que así se resuelva el acceso a la tierra en vez de generar otros mecanismos más complejos y costosos a largo plazo que no reportan dividendos electorales.
La inequidad en el acceso a la tierra también está íntimamente ligada a los intereses y negociados. En Río Negro hubo un proceso judicial por la venta de tierras fiscales a precio vil a personas o consorcios que multiplicaron su valor en la reventa, o generaron emprendimientos urbanísticos y turísticos de alta gama.
Ahora, con las tomas en alta rotación en los medios de comunicación, la respuesta parece coyuntural. Sin embargo, si los programas presentados respetan su propósito podrían ser la solución para una porción importante de la población que busca acceder a la tierra y la vivienda, pero les resulta imposible por los valores del mercado y la inexistencia de líneas de crédito hipotecario.
El plan que presentó la Gobernadora en Cipolletti, flanqueada por el senador Alberto Weretilneck y el vicegobernador Alejandro Palmieri, será elevado al Parlamento para darle un marco legal y convertirlo en una política de estado. Propone la creación de un Banco Provincial de Tierras y, entre otros ítems, un Fondo Específico. “El estado es el gran articulador» indicó, y anunció un relevamiento de tierras privadas y públicas (federales, provinciales y municipales) plausibles de convertirse en lotes con servicios, garantizar urbanización y no romper el armónico crecimiento de las ciudades.
Además, para evitar que los más de 12 mil lotes sean adquiridos por familias con oportunidades al acceso de la tierra, el proyecto determina su universo: Ingreso familiar mínimo de un Salario Mínimo, Vital y Móvil o máximo de diez Salarios Mínimo, Vital y Móvil; Ningún inmueble registrado a título personal; y Plazo de construcción: inicio en un año y finalización antes de los tres. Y advierte que quedarán excluidos quienes tengan procesos judiciales en trámite o con condena por usurpaciones y/o tomas de tierras privadas o públicas.
Si embargo, el desafío de la gestión Carreras es cómo abordar las usurpaciones actuales. El rol de la justicia es esencial, pero el procedimiento de los desalojos también. Evitar todo tipo de violencia y abuso policial es un deber del gobierno. Generar un protocolo de actuación, garantizando la integridad de las personas y encontrar soluciones de reubicación, son más importantes que la concreción de la orden judicial.