Los jueces no resigan el aumento. Lo cobrarán en enero

(ADN). –  El Poder Judicial postergó para enero del año próximo la recomposición salarial para magistrados, fiscales y funcionarios. Así lo determinaron mediante una resolución. Se esperaba que el Superior Tribunal de Justicia definiera qué hacer frente al pedido de austeridad por el contexto de crisis producido por el coronavirus.

Para el resto de la estructura, en paritaria se fijó en más del 20,84 por ciento, y lo cobrarán en tres cuotas mensuales acumulativas, iguales y consecutivas. Pero faltaba la ratificación del acuerdo y la definición sobre si los jueces resignarían o no el aumento.

La Justicia jugó al medio. No adhirió a la resolución de la gobernadora Arabela Carreras (que congeló el salario de los funcionarios), requerimiento que el titular de la Legislatura Alejandro Palmieri aplicó en ese Poder. Pero frenó su cobro para «aliviar» las arcas.

La decisión generó fastidio y disconformidad hacia adentro del Poder Judicial, pero también hacia afuera ya que el es único Poder del Estado (como ocurre siempre) que no resigna ni un solo privilegio.

Este aumento salarial del 5,21% en la Poder Judicial, acumulativo, remunerativo y bonificable, se liquidará hasta la categoría de Jefe de Departamento y cargos equiparados, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, que suma en total más del 20 por ciento.

El incremento aplica además al valor de la hora extra; al de la bonificación que perciben los integrantes de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones, y a los importes de las Bonificaciones denominadas Responsabilidad Patrimonial; Función Oficina de Informes; Bonificación Sede de Circunscripciones Judiciales; Función Delegaciones Circunscripcionales; Contralor Circunscripcional y del STJ Parque Automotor; así como también a la suma establecida por el art. 25 del Reglamento de Comisiones Oficiales.

La resolución del Poder Judicial lleva la firma de los jueces del STJ Enrique Mansilla, Liliana Piccinini, Ricardo Apcarían, Adriana Zaratiegui, Sergio Barotto y el Procurador General Jorge Crespo.

Intangibilidad y coronavirus

Tras aclarar que “en el plexo normativo constitucional local los Magistrados y Funcionarios Judiciales están bajo el amparo de la garantía de intangibilidad de sus remuneraciones, conforme lo dispuesto por el Art. 199 y cc (idem, Art. 110 y 120 de la C.N.) que, como tal, deviene irrenunciable y exigible en tanto se trate de preservar el valor económico de las mismas”, se explica que la medida adoptada con los salarios de jueces, fiscales y funcionarios responde a la “grave situación económica y social por la que está atravesando el país en general, y las provincias y municipios en particular, derivada de la pandemia provocada por el COVID-19, se impone para este Superior Tribunal y para el Procurador General la necesidad de tomar medidas excepcionales que morigeren en todo lo posible el impacto financiero que toda recomposición salarial provincial provoca a las arcas públicas”.

De esta manera se considera que debido a las altas remuneraciones que se pagan en la Justicia, “a la hora de definir quienes están en mejores condiciones para afrontar una

postergación a la merecida e ineludible recomposición de sus haberes se entiende que son, justamente, los magistrados y funcionarios judiciales, sin que esto pueda entenderse como desmedro alguno al esfuerzo que han realizado durante toda esta emergencia y que se les reconoce” y deja a salvo que la medida significa que no se dé cumplimiento al mandato constitucional previsto en el art. 199 inc. 4° de la Constitución Provincial,  sobre la intangibilidad de sus sueldos y que “por esta situación excepcional solamente habrá de diferirse”, tal como se resolvió para enero del 2021.