Fuera de juego. ADN

Arabela Carreras logró quitar del medio a Magdalena Odarda y encauzó una nueva mesa de diálogo. La Gobernadora detectó que mientras la titular del INAI operara en la región cordillerana, habría asistencia a las Lof más intransigentes. Sus críticas a la funcionaria nacional venían en aumento, pero el episodio en Mascardi (donde apedrearon su vehículo oficial mientras intentaba disuadir un piquete) fue el límite.

Esas imágenes estuvieron en cadena nacional y provocaron un repudio masivo, aún de sectores del FdT que integra Odarda. Quedó aislada. Hubo preocupación en Nación. Alberto Fernández recibió a la Mandataria e instruyó a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, encargarse del conflicto en el sur rionegrino. Corrió a la jefa del INAI, pero también a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, una aliada de la ex arista. Ahora, se convocará a un encuentro interjurisdiccional y pluripartidario para desactivar -de manera pacífica- la tensión, y comenzar a dar soluciones a un tema complejo que tiene diversos componentes.

La situación genera incomodidad en el FdT. Muchos sectores no reconocen como propia a Odarda y recuerdan que se opusieron a su ingreso a la fórmula junto a Martín Soria en 2019. Y pretenden que en el nuevo proceso, no tenga un rol protagónico. Además, su función dejó «pegados» a todos los dirigentes cordilleranos. Las críticas de un sector de los barilochenses por su actuación en Marcardi, la toma en El Foyel y El Bolsón llegan a la senadora Silvina García Larraburu (quien inmediatamente se despegó púbicamente), y a los legisladores Ramón Chiocconi y Alejandro Ramos Mejía.

Carreras es de esa zona. Y tomó una postura. Identificó a sus adversarios y se los quitó de encima. En Buenos Aires, la Gobernadora no solo obtuvo un triunfo político, sino que además volvió a Río Negro con el compromiso de una nueva asistencia financiera.

Pero no fue el único cambio en el conflicto cordillerano. El Ministerio Público que conduce Jorge Crespo advirtió la presión política para dar curso a las causas por usurpación, y comenzó a alentar las audiencias que provocaron imputaciones, detenciones y pedidos de desalojo. Así, se diferenció de la justicia federal y le pasó la decisión a los jueces. La primera en reaccionar fue la cipoleña Rita Lucía que ordenó un desalojo en esa ciudad del Alto Valle. Después, Adrián Dvorzak autorizó otro en Viedma. A ellos se sumaron los del campo en El Foyel y un lote en Villa Mascardi.

De vuelta en la provincia, la Gobernadora entregó viviendas y visitó a la intendenta de Allen para certificar la inversión de más de 100 millones de dólares que hará una empresa proveedora de Vaca Muerta, que generará 700 puestos de trabajo directos y dinamizará el parque industrial de esa ciudad. «El Estado tiene que ser facilitador no obstructor de las inversiones» dijo, lo que sonó a un mensaje por elevación a Roca, donde originalmente se iba a instar la compañía NGR.

Pero eso no resolvió dos temas que hoy siguen en agenda: el aumento de casos de Covid y la protesta de un sector de trabajadores de los hospitales públicos (en su mayoría técnicos y profesionales) que reclaman un mejor aumento salarial y condiciones de trabajo acordes a los tiempos de pandemia que incluyen la sanción de una ley de insalubridad. Para colmo, ese sector -que no responde ni a ATE ni a UPCN- encontraron un encuadre gremial, algo que le requería el Gobierno para sentarlos en la mesa de diálogo. El viernes, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), anunció la incorporación de los rionegrinos a la organización nacional. Esa entidad sindical está enrolada en la CTA.

El coronavirus no da tregua en la provincia y Viedma experimenta una rápida evolución de contagios, al punto, que desde el lunes volverá a la ASPO, abandonado la DISPO. Así, la capital se suma a Bariloche y el Alto Valle en esa denominación epidemiológica. Habrá restricciones de horarios y circulación y se estudia cómo serán las actividades comerciales, deportivas y de recreación. El intendente acordó con la Gobernadora una serie de aspectos de control. Pedro Pesatti idea una «policía Covid».

Mientras la pandemia genera sus zozobras sanitarias y una crisis económica profunda que desvela a los gobiernos, la casta judicial ratificó que su eterno desfasaje. El Superior Tribunal se despegó del gesto político que produjeron los poderes Ejecutivo y el Legislativo (que congelaron los aumentos salariales para sus funcionarios), y determinaron que al igual que los trabajadores judiciales tendrán un aumento del 20,84%. Eso sí, en un acto de empatía, definió que ese incremento lo comenzarán a percibir desde enero.

La decisión conformó a medias al Gobierno. Por un lado, magistrados, fiscales y funcionarios no tendrán aumento este año (lo que impacta en el aguinaldo), pero por el otro no se cumplió con el congelamiento. Y cayó mal hacia adentro del palacio de justicia, ya que muchos jueces transmitieron su disconformidad por demorar el cobro del aumento. En resumen, una medida que dejó más enojos que satisfacción.

Sin embargo, lo que molestó a la opinión pública es el impacto en el bolsillo que implica ese 22,84% que, sumado al aumento de inicio de año, llega al 30%. En los integrantes del STJ significa un sueldo de unos 600 mil pesos mensuales, algo así como 20 mil pesos diarios. Una comparación rápida, indica que son dos IFE. Ergo, esos jueces cobrarán por día, el doble que una familia con asistencia estatal por mes.