Un reclamo que abrió las paritarias. ADN
La policía rionegrina llevó su reclamo salarial a las calles, envalentonada por las protestas de sus camaradas en la provincia de Buenos Aires. Las movilizaciones -en todas las regionales- fueron motorizadas por retirados y familiares, que marcharon exponiendo los magros sueldos de los agentes en actividad. Las reiteradas demandas encendieron las alarmas en Laprida y Belgrano por los recuerdos de 2013, cuando la conflictividad escaló hasta la ocupación de la Casa de Gobierno en Viedma, que finalizó con un acuerdo que los representantes policiales firmaron con pistolas en la cintura.
Para evitar una situación similar, el Gobierno apuró un anuncio de aumento salarial que ayudó a bajar la intensidad del reclamo, aunque los sectores más duros lo rechazaron. Frente a esa postura, surgió el cambio en las guardias que ya no serán de tercias, como pedían los agentes. Y se comunicó la continuidad de un trabajo para seguir solucionando otros ítems. Ahora resta saber cuál es la respuesta de la policía.
Hacia adentro, los diferentes sectores policiales expresan -en voz baja- que el Jefe Daniel Jara ya no tiene prédica en la tropa, y que dejó de ser un interlocutor válido. Así, el poder pasó a quienes conducen las Regionales lo que complica el normal desarrollo de la tarea, ya que la policía siempre responde a un mando. Tampoco hay canales políticos y hay críticas al Ministerio de Seguridad, porque no advirtió (o subestimó) el conflicto.
El reclamo bonaerense inspiró a las fuerzas de seguridad de otras provincias, donde también anunciaron aumentos. Hubo temor a levantamientos o autoacuartelamientos, especialmente después de la asonada que se produjo en la Quinta de Olivos, cuando efectivos rodearon la residencia del Presidente armados y con patrulleros, que provocó el repudio de toda la dirigencia política.
La solución implicó un cambio en la coparticipación. Alberto Fernández restó un punto de CABA para traspasarlo a la provincia de Buenos Aires, una medida que acompañaron 19 gobernadores, entre ellos Arabela Carreras, porque abre un nuevo debate sobre la distribución de fondos federales. Pero tuvo una consecuencia política: la oposición se agrupó detrás de Horacio Rodríguez Larreta y el jefe de gobierno porteño se erigió como el próximo candidato presidencial de Juntos por el Cambio. La jugada, aseguran en los alrededores del Obelisco, alinea a los dos espacios políticos mayoritarios. En criollo, Fernández eligió a Larreta como adversario.
El aumento para la policía rionegrina obligó al Gobierno a convocar a paritaria a los gremios estatales. ATE, UPCN y UnTER tendrán su encuentro para debatir aumentos, algo impensado hasta acá, por la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus. Los sindicatos venían pidiendo sin éxito la apertura del diálogo.
Los conducidos por Juan Carlos Scalesi, ya anticiparon que pedirán un porcentaje sin sumas no remunerativas ni bonos, para recuperar la perdida del poder adquisitivo. En UPCN calculan que la depreciación salarial ya llega al 60%.
En Economía diseñan una propuesta. La situación económica no es la mejor en estos tiempos, tanto, que ya se han requerido aportes de Nación. El alineamiento de la Gobernadora con la Casa Rosada ayuda a conseguir fondos y otros beneficios. Arabela Carreras también aporta al plan de recuperación económica pospandemia, y se ilusiona en que los proyectos del Gobierno central ayudarán a la provincia. Es por ello que tomó un rol político clave, y tracciona respuestas en esta coyuntura.
Pero los salarios no son el único tema en la agenda rionegrina. A la crisis del Covid se sumó la usurpación de tierras que se multiplican en diferentes puntos de la provincia, con especial epicentro en Bariloche y El Bolsón, donde la ocupación se da en tierras federales (Parques Nacionales y el INTA) y hay controversia con la justicia.
Ayer, se conoció que el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, rechazó la resolución de la Fiscal Sylvia Little de desalojar el predio de Cabeza del Indio y Mirador del Azul, donde 160 familias montaron un campamento. Para colmo, impuso un plazo de 15 días para dar una solución habitacional a los ocupantes y rechazó al INTA como querellante en la causa. Inentendible, ya que las tierras son del organismo nacional. El fallo generó un amplio repudio: la Gobernadora, el bloque de legisladores, el partido y los intendentes de Juntos criticaron al magistrado y ya anunciaron una denuncia.