Del ferrocarril a las venas productivas de Internet

(Por Sebastián Cortez Oviedo*). – La reciente declaración de la Internet, la telefonía móvil y la televisión por cable como servicios públicos abre las puertas de la cortina de hierro. Pareciera que, como el séptimo infierno del Dante, ¿nos espera una inminente sovietización argentina?

Pero antes de pensar en ello, recordemos algunas cosas: de manera simplificada podemos plantear que cada proceso sociocultural estuvo ―y sigue estando― signado y vinculado a la tecnología y la comunicación. Sucedió en el siglo XIX con el vapor, el ferrocarril y el telégrafo, tan así que dieron forma social a países y ciudades enteras, siendo la expresión tangible de un pensamiento político y económico. Entrado el siglo XX, el descubrimiento del petróleo y el gas dio paso a un mundo de mayor velocidad. Desde entonces, los hidrocarburos no dejan de marcarle el compás a la paz de los pueblos; sucede así hasta la llegada de la Internet en los ’90, y a esa historia ya todxsla conocemos.

Cuando el primer gobierno de Perón decidió convertir en servicio público a los ferrocarriles, los telégrafos, el agua, la energía y el gas como empresas del Estado, estaba ejerciendo soberanía, un precepto constitucional desde 1853. Es notorio para el caso de los ferrocarriles, no solo por incorporar al territorio argentino los 24kms que los ingleses poseían al lado de las vías por todo trayecto, sino de administrar un bien estratégico que fueron las venas y arterias productivas y comunicacionales del país. Y no, no fuimos pioneros ni originales, tampoco totalitarios, pasó en la mayoría de los países que incorporaron la visión del welfare state―Estado de bienestar―.

¿Cada momento social proviene de un momento tecnológico? Cuando en 2014 tuve mi primer celular Huawei pensé que me duraría tres meses, para mí solo era una marca china de algún modem que tuve allá por los 2000; seis años después,ese nombre representa el talón de Aquiles de la geopolítica mundial.

En este devenir, no es la primera vez que se intenta legislar sobre lo tecno-comunicacional. En 2009, aquella ley de medios audiovisual dejó de lado la Internet, e independientemente de la coyuntura que tuvo, nació vieja, y no le auguré demasiado futuro. Es cierto, esa es otra discusión y los tiempos de la Internet son otros…

Henos aquí, en plena pandemia, que nadie puede negar cuan importante es y será la Internet en nuestras vidas. El COVID actuó como un gran catalizador que sedimentó procesos que ya venían sucediendo, dicho de otro modo: los precipitó en un blanco sobre negro. El Orden Digital no solo se está expresando como un nuevo territorio donde se extienden aquellas vías imaginarias de tren, sino que, además, representa un espacio donde la injerencia de lo público es baja o nula. Se podrá debatir si los Estados deben o no controlar esta semiósfera  donde operan los más diversos procesos productivos, comunicacionales y socioculturales, lo cierto es queen esa discusión cada país tendrá su tratamiento particular.

En Argentina, Clarín no solo expresa un pensamiento político, también un oligopolio tecno-comunicacionalque debiéramos ―al menos― interpelar. Un grupo empresarialque incide mayormente en la comunicación audiovisual y gráfica, también enlas telecomunicaciones eInterneta partir de la fusión de Cablevisión y Multicanal, y la compra de Telecom, Arnet y Personal en 2017 ―el 70% del flujo de datos en Argentina (CABASE, 2019)―.

Entonces, cabe la pregunta, ¿cuándo y cuanto el Estado debe incidir sobre la Internet?  En mi opinión, cuando las garantías de acceso, desarrollo y sostenibilidad que ella articula se vean perjudicadas o condicionadas a utilidades puramente de mercado, o peor aún, sujetas avaivenes geopolíticos contrarios a nuestros intereses. ¿Y conrelación a los contenidos? Esa es una discusión más compleja. Los Estados que en los últimos años ―Unión Europea y Estados Unidos―legislaron un control de contenidos, lo que se denomina ‘neutralidad de la web’, suscitaron las más amplias críticas por parte de lxs prosumidores  digitales. Acuerdo con ellxs en que la Internet es el reducto de lo político, un espacio público que si se controlara dejaría de serlo, asumiendo que hoy muchas de las expresiones sociales y políticas se configuran en las redes y se construyen en las calles ―algo más evidente en pandemia―, aunque nos equivocaríamos pensar que solo los Estados se tientan por controlar la web, en eso, ‘los privados’ llevan la ventaja. ¿Y las desigualdades? La brecha digital, que no solo es técnica sino cultural, debe formar parte de cualquier agenda de gobierno que se precie de una lectura real y prospectiva de la realidad. No comprender estas incidencias de lo digital,de la Internet como derecho, es no asumir el mundo 4.0 que habitamos.

Así como en los ’40, la declaración de servicios públicos como el ferrocarril, el petróleo, el gas, el agua y la electricidad permitió al país disponer de recursos estratégicos para una incipiente industrialización y una mejora en lacalidad de vida, hoy la declaración de la Internet, la telefonía móvil y la televisión por cable como servicios públicos representan, en términos de instrumento y contenido, un bien estratégico equivalente para la sociedad argentina.

Tuvieron que pasar 30 años de la llegada del primer bit y una pandemia para que viéramos, en plena magnitud, lo que es estar afuera. El no poder conectarse a una clase porque la velocidad no es suficiente, o simplemente porque no había donde y como conectarse; o la imposibilidad de trabajar o vender un producto porque no advertimos una alfabetización digital temprana orientada a los procesos productivos emergentes; o simplemente, un costo excesivo por la (des)conexión medido en pesos y en oportunidades.

En un mundo cada vez más maniqueo, donde todo se simplifica de manera binaria entre bueno o malo, debiéramos hacer el esfuerzo por mirar más allá. Esta acción de política pública del gobierno federal no supone en absoluto una estatización del sistema, menos aún, un estalinismo tardío y trasnochado, sino la oportunidad de promover garantías que colaboren a una mayor inclusión digital. Sin dudas, representa una oportunidad de (re)pensar la Internetmás allá de tarifas y costos, sino como las nuevas venas y arterias deun territorio emergente en el cual habitamos, pensamos y nos construimos.

Quizás, de las decisiones políticas recientes más auspiciosaspor democratizar el derecho a la conectividad digital, frente a los tiempos que corren y que restan por venir.

(*)Sebastian Cortez Oviedo esDoctor por la Universidad Nacional de Córdoba, experto en espacios públicos y mediatización urbana. Becario posdoctoral del CONICETe Investigador Adjunto de la Universidad de Chile. Su línea de trabajo indaga vinculaciones entre tecnologías y plataformas digitales, la experiencia de lo urbano y sus emergentes socioculturales.

Fuente: Política Argentina