Intendentes piden bajar el IVA en las obras municipales

Los intendentes de todo el país quieren impulsar un proyecto de ley para reducir a la mitad el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan los municipios para las obras públicas comunales y de esta manera generar un ahorro presupuestario que, en algunos distritos, llegaría al 40 por ciento de lo destinado a construcciones, pavimentaciones y demás tareas de fomento. La iniciativa se inscribe en la necesidad de impulsar la economía nacional para la etapa post pandemia COVID.

«Lo que se impulsa también es un modelo de gestión del Estado en este momento histórico que es excepcional y que, por lo tanto, requiere soluciones excepcionales”, dijo el intendente de la localidad tucumana de Tafí Viejo y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Javier Noguera, en diálogo con Página/12.

El proyecto de reducción del IVA para las obras públicas municipales ya está en el Congreso y consiste en una reducción del 50 por ciento de la carga impositiva que impacta en las comunas. Actualmente, cada distrito paga el 21 por ciento al ejecutar una obra. La objeción es que las empresas privadas pagan el 10,5 por ciento en ese tipo de tareas, lo cual es un beneficio en detrimento del Estado.

Por eso, reducir el IVA supone corregir “una injusta asimetría con respecto a la construcción privada que abona la mitad de la alícuota”, resaltó la FAM a través de un comunicado. En el mismo sentido se expresó la autora del proyecto, la diputada del Frente de Todos Laura Russo, quien señaló que la propuesta “busca equiparar una situación ya aplicada a las empresas privadas, que desde 2014 pagan 10,5 en la construcción de viviendas”.

“Lo que no paga IVA es la construcción de viviendas sociales, por tratarse de un bien social. Pero entendemos que la realización de veredas, puentes, asfaltos, calles, cunetas y demás obras públicas también tienen un interés social”, fundamentó durante una charla con Página/12.

Los gobiernos municipales tienen tres maneras de hacer obras: por administración, es decir con recursos propios, como mano de obra, planificación y maquinarias; por licitación, a través de un llamado a concurso y demás procedimientos administrativos que dejan las obras en manos de privados; y a través de cooperativas.

También se espera que la reducción presupuestaria producto de la baja en ese impuesto permita fomentar las economías locales.

La iniciativa surgió entre los intendentes de la primera sección del conurbano bonaerense y en poco tiempo contó con un fuerte respaldo del resto de los jefes comunales del resto del país aglutinados en la FAM. De hecho, la federación destacó el “profundo espíritu federal” de la propuesta y fue tajante a la hora de pedir respaldos: “Expresamos todo nuestro apoyo y exhortamos a los legisladores nacionales, sin distinción de pertenencia geográfica e ideológica, a respaldarlo con su voto”.

El proyecto tiene estado parlamentario y hasta el momento no fue incluido en la agenda prevista para el mes en curso. Por lo pronto tiene el visto bueno de las autoridades de la cámara y del bloque oficialista. Solo resta una cosa por discutir: cuál será el costo fiscal que una idea de este tipo tendrá en las arcas del Estado nacional.