La cuestión frutícola y la prórroga de la emergencia

(ADN). –  La cuestión frutícola en Río Negro va más allá de la prórroga de la emergencia del sector que se viene reiterando año a año desde el 2017 y que finalizó el 31 del mes pasado, sin que el gobierno nacional haya resuelto cómo continúa este beneficio, que a decir desde el mismo complejo frutícola no trajo soluciones y como siempre sucede en estos casos, las ventajas son para los grandes y los grupos concentrados, sin que se avanzara en la siempre postergada y tantas veces declamada reconversión.

El tema de la emergencia frutícola fue tratado el jueves pasado por la gobernadora de Río Negro con el ministro de Producción, Matías Kulfas, donde la mandataria llevó las propuestas de la provincia atento a la importancia del sector, pilar fundamental de la economía rionegrina.

El gobierno nacional trabaja en el tema de la situación económica financiera de la fruticultura, en el marco de la solicitud de prórroga de la Emergencia Frutícola en los valles de las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza y La Pampa, donde el debate ante las numerosas propuestas sobrevuela el genoma del gobierno nacional: una mirada puesta en los sectores de la producción pequeños y mediano que más padecen la situación, sin dejar de complementar la relación con el conjunto empresario.

De esta manera, el Ejecutivo realiza consultas con gobernadores, legisladores nacionales y toma en consideración propuestas del conjunto de los distintos agentes de la cadena productiva y comercial de la fruticultura, con el propósito de establecer una norma que garantice el desenvolvimiento de las actividades en el nuevo contexto nacional y mundial.

Graciela Landriscini, diputada nacional rionegrina del FdT, economista y reconocida especialista en el tema frutícola, señaló a ADN, que en estos análisis «se reconoce la heterogeneidad de situaciones que enfrentan los distintos estratos de agentes de la producción primaria, del acondicionamiento, la industria y la comercialización, en materia de tamaño de sus explotaciones y plantas de empaque y frío e industria, los montos facturados en ventas internas y externas, el endeudamiento corriente y no corriente, y en cuanto al diferencial acceso al crédito para capital de trabajo en tareas culturales, cosecha y otros».

También se conoció -mediante otras consultas realizadas- que se analiza la posibilidad de suspender los procesos de ejecución fiscal previstos en la Ley 27354, y disponer prórrogas en los pagos previsionales corrientes posteriores al vencimiento de la Ley 27503 y facilidades de pago para las deudas impositivas y previsionales previas.

Además, se continua con la evaluación de las situaciones estructurales que afectan la competitividad sectorial y la evolución económica de las distintas fases de la cadena productiva y de los distintos agentes de la actividad, con vistas a recuperar la rentabilidad, la presencia de la producción primaria e industrial en los mercados interno y externos, y la sustentabilidad social y ambiental del sector.

Emergencia y COVID

En todo estos análisis están presentes las medidas ya tomadas como diferimientos de pagos de impuestos y de contribuciones patronales en las actuales condiciones macroeconómicas excepcionales, producto de la recesión económica 2018/19, y a la política de Emergencia Económica, Financiera, Social y Sanitaria nacional se suma la evaluación del impacto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y las subsiguientes prórrogas, que han afectado el funcionamiento de actividades económicas definidas como esenciales, y han paralizado las no esenciales, con incidencia directa en la recaudación tributaria nacional y provinciales.

También se toman en cuenta los problemas estructurales de pérdida de competitividad sectorial, y las restricciones operativas adicionales evidenciadas en los mercados externos producto de la pandemia COVID-19. Entre ellas las cuestiones derivadas de la devaluación de las monedas de los países competidores, la reevaluación del dólar y las cuestiones logísticas que generan dificultades en la distribución y en las operaciones comerciales, bancarias y otras ligadas al comercio exterior.

Existen otras circunstancias producto de la política nacional dispuesta a partir de la Ley de Emergencia 27541 de diciembre de 2019. Se han congelado las tarifas eléctricas que constituyen un componente central en la operación de los empaques y frigoríficos, y se ha mantenido estable el precio interno de los combustibles empleados en chacras y el transporte dentro del territorio nacional.

Para sostener la producción y el empleo, las empresas que se encuadraron en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), perciben el beneficio del pago parcial de los salarios de su personal por parte de ANSES.

Más allá de ello, en muchos casos, se presenta una pérdida de productividad en distintas plantas de empaque/frío, empresas industriales, de transporte etc. producto del ausentismo, provocado por la pandemia y las normas de aislamiento que afectan al personal de riesgo, lo cual afecta tiempos y costos de funcionamiento, a lo que se agregan los mayores costos operativos derivados de la necesaria aplicación de los protocolos sanitarios.

Todos estos análisis y propuestas que reclama el sector requiere un profundo análisis de la información construida acerca de la dinámica de la actividad frutícola, con alternativas que buscan resolver las necesidades de los distintos actores de la cadena productiva en las distintas provincias. La incertidumbre sanitaria que llevó a prorrogar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la de los mercados y la astringencia fiscal en momentos de renegociación de la deuda soberana, y la necesidad de ajustar la normativa, los plazos y los beneficios a la situación descripta fue demorando su resolución acorde a la apreciación de cada área con intervención desde el Poder Ejecutivo.