Un salvavidas para la coronacrisis. ADN
Arabela Carreras le pidió al Parlamento -en formato de proyecto de ley- un aval para tomar un préstamo en pesos, de modo de garantizar el funcionamiento del Estado y afrontar la inversión que significa la lucha contra el COVID-19. En el articulado figura también la facultad para afrontar un proceso de reestructuración de deuda. Es, una herramienta esencial en estos tiempos de crisis.
El Gobierno viene monitoreando la pérdida de ingresos y el incremento de egresos. Así no hay economía que aguante. Y de seguir así, el mes que viene no podrá afrontar el pago de salarios. Por eso, la premura en volver a habilitar las sesiones legislativas.
Dentro del esquema de languidez de las finanzas rionegrinas, surgió una buena noticia: Alberto Fernández firmó el decreto que devuelve el precio sostén del barril de petróleo en Argentina. Eso reportará ingresos a partir de las regalías que se liquidarán desde junio. Pero no alcanza. La coronacrisis ha producido efectos devastadores en el mundo, y la Provincia no está exenta.
El préstamo al que quiere aplicar Río Negro es el que ofrece el gobierno nacional, en pesos y a pagar en tres años. Con ese ingreso, y si se logra reperfilar la deuda, la Provincia logrará un alivio importante para seguir invirtiendo en los servicios esenciales, especialmente en salud.
El encargado de reunir los avales en la Legislatura es el presidente del bloque del oficialismo, Facundo López. El proyecto del Gobierno tendrá el voto positivo de JSRN (28), JxC (1) y al menos 12 de los 17 del FdT. La principal banca opositora ya envió un guiño. Esta semana, el legislador Marcelo Mango mantuvo una reunión (junto a López) con el ministro de Economía, Luis Vaisberg. Además, el préstamo es el que baja la gestión de los Fernández como salvataje a las provincias, y se produce en un marco excepcional. Y contiene el proceso de desendeudamiento.
Esta vez será más difícil plantear una postura negativa al pedido de Carreras. Todos los argumentos discursivos ingresan en el debate. En consecuencia, todo indica que la Legislatura le dará la herramienta al Gobierno.
Pero en Laprida y Belgrano no es el único problema que habita. La salud sigue siendo una obsesión. Río Negro bajó en el ránking (de tercera a quinta) pero sigue estando dentro de las provincias en las que el virus circula. Ayer, el Presidente de la Nación se reunió con los gobernadores de los distritos más afectados, antes de comunicar la nueva fase de la cuarentena. En esa videoconferecia estuvo Carreras, junto a los ministros de Gobierno, Rodrigo Buteler, y Economía, Luis Vaisberg, a quienes la Gobernadora tiene en el radar como esenciales, dos pilares de la gestión.
El coronavirus no reporta buenas noticias. Y eso sigue siendo motivo de críticas en los sectores de la medicina y la ciencia. Ayer se conoció la opinión de tres integrantes del CONICET en Río Negro, y advirtieron que “hay una intencionalidad de responsabilizar individualmente (desde el Gobierno a los ciudadanos) porque cuando yo responsabilizo individualmente, hay alguien que se quita responsabilidades”.
La mirada dio en el centro de un tema clave: la comunicación en tiempos de enojo. El Gobierno no es receptivo a las críticas. Cuando peor la pasó (luego de los brotes en Valle Medio, Bariloche y Cipolletti) estuvo a la defensiva, y sólo atinó a inculpar «a la gente que se junta a comer asados y tomar mates». Está claro que hay un responsabilidad individual y colectiva en la cuarentena, pero ello no quita impericia gubernamental. Evidentemente no alcanzó con detener y enjuiciar a quienes circulaban sin permiso. Faltaron estrategias de comunicación, sanitarias y políticas. Para colmo, con ese discurso alentó la mirada que tiene una parte de la sociedad de «vecino-policía» y ello provocó que las personas que se infectaron con el virus sean sentenciadas a un rechazo social espantoso que incluyó linchamientos en las redes sociales, y hasta agresiones.
Otro problema para el Gobierno fue el recrudecimiento del conflicto mapuche en Villa Mascardi. Otra vez Bariloche quedó en la escena pública del país por la disputa de las tierras en Parques Nacionales, lo que motivó el pedido de intervención de organismos federales.
La Provincia no encuentra modo alguno de resolución y acude, una vez más, a Nación. La última intervención federal en la zona produjo la muerte de Rafael Nahuel. Ahora, Río Negro espera que entre el INAI que conduce Magdalena Odarda y el Ministerio de Seguridad al mando de Sabrina Frederich, apliquen el nuevo protocolo de actuación que es diametralmente opuesto al de Patricia Bullrich.
El cambio de paradigma dejó en off side a las autoridades locales (del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público) que habían acordado aplicar las leyes represivas del gobierno de Mauricio Macri, tomando como base que muchas organizaciones de pueblos originarios eran «terroristas» y tenían un «plan de desestabilización regional» en Chile, Argentina y Paraguay, con nexos con la guerrilla colombiana que tenía bases en la frontera norte del país.
Quizás, el problema -aunque complejo- tenga soluciones más realistas lejos del mundo planteado por Macri y Bullrich. Un proceso de diálogo, con una conducción política clara, podría comenzar a desentrañar el nudo donde todas las partes esgrimen razones pero todos van a tener que ceder.