Polémica por la declaración jurada de trabajadores

(ADN).- El Gobierno determinó que todos los trabajadores y empleadores incluidos en las actividades exceptuadas del aislamiento obligatorio, deberán declarar bajo juramento que no han presentado síntomas de COVID-19 y que han cumplido todos los protocolos sanitarios correspondientes. La medida generó el rechazo de los gremios estatales ATE y UPCN, que pidieron derogar la norma.

La decisión fue plasmada en el decreto 359 de la gobernadora Arabela Carreras.

La declaración jurada de los trabajadores donde aseguran no haber tenido síntomas de COVID-19 o no haber estado en contacto con un caso positivo en los últimos 14 días, tendrá una validez de 14 días.

Por su parte, los empleadores y empleadoras deberán recibir las declaraciones de sus empleados y empleadas, al tiempo que deberán firmar una segunda Declaración Jurada donde aseguran que se implementaron todos los protocolos sanitarios y se adoptaron todas las recomendaciones dispuestas por Provincia y Nación.

Disponer de estas declaraciones Juradas será requisito indispensable para acceder a la excepción prevista y deberán ser exhibidas a simple requerimiento de las autoridades nacional, provincial o municipal.

Para ATE es «inviable»

El gremio adelantó que hará una presentación ante el Gobierno pidiendo la anulación del decreto. “Este decreto es un disparate, ya que se hace recaer en los hombros de los trabajadores una responsabilidad civil y penal que no les corresponde. Desde ATE vamos a presentar una revocatoria para anular el decreto”, señaló Omar Orellana, secretario de comunicación de ATE.

El dirigente, también indicó que es irónico que en esta declaración jurada se omita voluntariamente el art 207 del código penal, que es el que establece las penas que corresponden a los funcionarios públicos, que en todo caso, también debieran firmar la declaración: Carreras y todos sus ministros y funcionarios del gobierno provincial.

Para ATE la redacción del Decreto provincial no constituye un beneficio para la población en el marco de la pandemia, sino que demanda al trabajador que firme bajo juramento algo que es imposible de establecer, como saber si se tiene o no COVID-19.

«El gobierno vulnera el derecho de los trabajadores»

Para UPCN, la declaración jurada que pretende el Gobierno implica que «el propio agente asuma las responsabilidades civiles y penales de incumplir con las obligaciones que asume bajo juramento, cuando es el propio empleador quien debe garantizar bajo testeo y/o cualquier otra medida la integridad de la salud de los trabajadores que prestan servicios en este marco de pandemia».

En consecuencia, solicitó a la Gobernadora la «urgente derogación» del decreto y «el cese de solicitudes a los trabajadores, instándolos en algunos casos y obligándolos en otros, a firmar la declaración jurada».

«La normativa desliga al Estado de su responsabilidad como empleador y de los problemas derivados del riesgo al que se exponen los agentes, incluso, contradice al propio Decreto Nacional 297/2020 que establece claramente que son los empleadores quienes deben tomar medidas para preservar la salud de los trabajadores y trabajadoras exceptuadas de aislamiento», subrayó la Comisión Directiva del gremio.

Y agregó: «Mientras ya hay compañeros en Villa Regina; Chimpay; Choele Choel y Bariloche que dieron positivo, el decreto provincial vulnera un derecho fundamental de los trabajadores y libera al gobierno de su responsabilidad de cuidar al personal que se expone a un riesgo».

«La Unión del Personal Civil de la Nación sugiere a los trabajadores que no firmen esa declaración jurada que nos obliga a hacernos cargo de algo que es imposible de asumir, ya que no está toda la población testeada y en consecuencia no podemos declarar bajo juramento y hacernos responsables civil y penalmente de haber estado o no con personas contagiadas», finalizó el sindicato estatal.