Desequilibrios en la atención de la salud pública y privada

(ADN). – La pandemia del coronavirus dejó en evidencia, en el mundo y en el país, las falencias de las políticas liberales de ajuste en la salud pública y también la fragilidad de lo que se define como conjunción entre los sectores públicos y privados en la atención sanitaria.

Río Negro no escapa a este debate. Choele Choel lamentó recientemente el fallecimiento de vecinos infectados por coronavirus, que estaban internados en General Roca. Encontraron la muerte lejos de su pueblo ante la falta de servicios de complejidad médica por parte del Estado.

No hay equilibrio cuando se exalta desde los gobiernos la complementariedad entre el sector público y privado, incluso este argumento fue utilizado para ajustar los gastos en salud y alejar a los hospitales de la competencia en las prestaciones médicas.

De esta manera se puede justificar que no es necesario un centro de salud de complejidad en el Valle Medio y que las derivaciones a instituciones especializadas implican pocos kilómetros en el traslado. Las verdades a medias suelen derivar en falacias. Hay ejemplos de casos de derivación de partos desde Choele Choel a General Roca.

Pero, cómo se mide la demanda en salud de esa vasta zona rionegrina que tiene un sostenido crecimiento en ganadería, agricultura y producción frutícola, entre otras, para negarle a la comunidad –por ejemplo- un servicio de terapia intensiva.

Los argumentos sobre el gasto público en salud, que puede enmendarse con derivaciones al sector privado, son endebles. Si bien es cierto que es necesaria la complementariedad, esto no debe significar desequilibrio y crecimiento de uno en desmedro de otro.

El Valle Medio y la pandemia del coronavirus obligan para repensar en los recursos que se destinan a la salud pública, cuando son varias veces millonarios los aportes del Estado nacional y provincial a la salud privada.

Vale poner como ejemplo al PAMI. La obra social de jubilados y pensionados pagó al sector privado de General Roca por prestaciones a sus afiliados, en febrero, un total de 37.147.000 pesos de los cuales 11.247.000 pesos fueron a la Clínica Roca y 25.900.000 al Sanatorio Juan XXIII, mientras que el hospital público “Francisco López Lima”, facturó 148.000 pesos.

Se estima que estos aportes representan entre un 35 al 40 por ciento de los ingresos, de cada centro privado –cubren los pagos de sueldos- en una ciudad que recibe derivaciones de la línea sur, hasta Jacobacci, el Valle Medio y la zona atlántica.

A estos ingresos se deben sumar los pagos de las facturaciones del Ipross y de las obras sociales de los sindicatos, situación que pone en duda en sí misma la definición de público-privado.

Este ejemplo también sirve para demostrar que hay que modernizar los sistemas de facturación de los hospitales como en este caso del PAMI y digitalizar y sistematizar tecnológicamente la facturación, para cobrar directamente su recaudación, sin que ingrese a rentas generales. El sistema actual es obsoleto y el trámite de cobro de prestaciones tarda alrededor de ocho meses de tránsito burocrático del expediente de pago.

Es imperioso contar con un sistema eficiente en la facturación de los hospitales, como lo hace el sector privado. Más aún, teniendo en cuenta que los hospitales de alta complejidad fueron dotados por el gobierno provincial de aparatología moderna –como tomógrafos- cuyos servicios se deben facturar a los pacientes con cobertura médica

En esta delimitación de competencias y responsabilidades compartidas, siempre el Estado hace el mayor esfuerzo. La salud pública llega a todos los rincones de la provincia, precisamente en donde no hay rentabilidad para la medicina privada. Esta realidad se observa con claridad en la línea sur.

Río Negro tuvo un Plan de Salud público que mereció el reconocimiento nacional hace 47 años, con el gobierno justicialista de Mario Franco, que se fue desarticulando en los gobiernos militares posteriores. Esta política pública se fue recuperando con el retorno de la democracia durante el gobierno radical de Osvaldo Álvarez Guerrero, pensando en un sistema fuerte y universal.

Eran otros tiempos donde la medicina privada poco podía competir y tenía un desarrollo más lento. Con la incorporación de la tecnología a la medicina, el Estado se retira de la competencia y deja en manos privadas la rentabilidad, perdiendo aun las directrices de la salud.

Es así como en la gestión de Horacio Massaccesi se produce el convenio entre el gobierno y la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, de Cipolletti, para la atención de afiliados al Ipross y pacientes rionegrinos sin cobertura.

Esta complementación –con sus correspondientes aportes de recursos- se amplió luego cuando en pleno auge neoliberal de los noventa, el gobernador Pablo Verani concretó un acuerdo con la Federación Médica Río Negro.

Ambos convenios fueron cuestionados en su momento, incluso hubo denuncias posteriores de sobreprecios en medicamentos para enfermos oncológicos u otros tratamientos especiales que provee la Federación de Clínicas y Hospitales Privados de Río Negro (Feclir) que pagaba el Ipross.

La complementariedad es necesaria, pero equilibrada, porque los números y la realidad indican que se derivaron importantes sumas de dinero a la medicina privada en desmedro de la salud pública, política que pauperizó la atención de los sectores más débiles de la sociedad. De esta manera los centros privados se fueron equipando de tecnologías que hicieron dependiente al propio Estado que ayudó a pagarlas.

Para evitar esta injusta correlación se debe fortalecer al hospital público para salir de la posición de debilidad en la ecuación, que además debe recuperar la centralidad en las políticas sanitarias