Proponen volver al Fondo Sojero para las provincias

La diputada nacional del Partido de la Justicia Social de Tucumán Beatriz Ávila, que integra el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, presentó un proyecto en el Congreso de la Nación, que propone girar a las provincias el 20% de las retenciones de la soja, pero también de «maíz, carne vacuna y toda otra mercadería alcanzada» incluida en la última ley de emergencia económica y que sólo tendrá como destino inversiones en obras de infraestructura y las provincias perderían su parte si destinaran los recursos a gastos corrientes. 

El propósito es volver a coparticipar las retenciones a las exportaciones, como sucedió hasta 2018 con el fondo sojero, que giraba a las provincias el 30% de los derechos aduaneros de ese cereal y que Mauricio Macri la eliminó en agosto de ese año por un decreto de necesidad y urgencia (DNU), como parte del programa de recortes fiscales comprometido con el Fondo Monetario Internacional.

Este fondo se distribuía mediante los porcentajes de coparticipación que le corresponden a cada provincia y luego cada una de ellas hacía lo propio con sus municipios.

El proyecto fue firmado por los miembros del bloque de Ávila, pero también por Carlos Selva del Frente de Todos, Gabriel Frizza, del PRO y el riojano Felipe Álvarez, aliado de Juntos por el Cambio. «Estamos hablando con los que fueron intendentes para que acompañen y pueda tratarse en marzo», confirmó Ávila a LPO.

«Hay que entender que este fondo fue un éxito para los municipios, con obras que mejoraron la calidad de vida en el norte del país: hospitales, escuelas y parques», explicó a LPO Ávila, que hasta diciembre integró el bloque Cambiemos.

Su proyecto establece que al menos el 50% del fondo debe ser girado a los municipios, sea cual sea el sistema de coparticipación de las provincias, y que en ningún caso podrá tener otro destino que la infraestructura.

«Para evitarlo, proponemos un sistema de control y de sanción si algún intendente o gobernador usa el dinero para gastos corrientes», aclaró Ávila. De ocurrir, según el proyecto, el Banco Nación frenaría los envíos y los intendentes se privarán de las obras públicas por esa maniobra.