Los menores en conflicto con la ley

(ADN). –El lunes pasado, la gobernadora Arabela Carreras se reunió con los jueces del Superior Tribunal de Justicia y, entre otros temas, se trató “el fortalecimiento de las políticas de articulación para el tratamiento de menores en conflicto con la ley”, según se informó oficialmente.

Lo que parece ser un simple anuncio de agenda oficial, encierra una preocupación a resolver dentro de las políticas de Estado en cuanto a menores frente al delito, como también de las propias interrelaciones entre ambos poderes del Estado. Y el fracaso de la falta de articulación y respuestas claras, fomenta (una y otras vez) la idea de bajar la edad de imputabilidad. Un recurso siempre a mano, que no resuelve el fondo.

Existen demandas cruzadas que no siempre son resueltas adecuadamente, sobre todo cuando una resolución judicial ordena al Ejecutivo –a través de un área específica- el cumplimiento de alguna medida de protección del menor en delito, que no son satisfechas por lo general por falta de recursos económicos o carencia de infraestructura edilicias, entre otros.

Muchas veces estas situaciones generan un vacío en la resolución de un conflicto. Los casos de los menores de 15 años son un ejemplo, ya que no son punibles como aquellos de 16 y 17 y por lo general son causas que terminan archivadas, ante la falta de resolución.

Para alojamiento de estos menores –que no significa sistema carcelario- existen los CAINA. Se trata de viviendas alquiladas por el Estado, a cargo de celadores, que se esparcen en distintos barrios de la ciudad, no sin problemas y quejas del vecindario.

En los casos de menores en conflicto con la ley se habla de “un abordaje integral” con la participación de los distintos sectores involucrados en el tema, que por lo general no superan los debates y reuniones cargadas de teorías, pero de poca aplicación en la práctica. Este tema preocupa, no siempre se logran las soluciones esperadas y hay una deuda de los ámbitos específicos del Gobierno.

Los barrios de Viedma generan, desde su propio territorio, ámbitos propios para dar una respuesta a esta problemática, como las iglesias y merenderos, donde no sólo se trata de cubrir las necesidades de alimentación y vestimentas, sino que se aborda –con los escasos recursos que disponen- la contención de los menores.

El consumo de alcohol y drogas comienza desde edad temprana (se estima que desde los 7 a 14 años), hay disgregación familiar, desocupación en padres y madres, falta de viviendas y tomas con “casillas” precarias. Todo es conocido desde los ámbitos oficiales, pero sin embargo estos merenderos no reciben apoyo quizás “por desconfianza política” y las iglesias son convocadas principalmente en períodos electorales.

En este punto cobran importancia la eficacia y la aplicación real y efectiva de los programas y políticas desarrolladas por los organismos públicos provinciales en materia de prevención del delito y la violencia, así como también, promoción y protección de derechos orientadas a menores y jóvenes, valoración que se puede apreciar sólo en el terreno y fuera de los debates teóricos.

El abordaje “integral” no es tal y los reclamos no son sólo de la Justicia cuando debe resolver la situación de un menor que cometió un delito, sino que la mayor demanda es de la propia familia y la sociedad.

Un tema además a resolver entre la Justicia y el Ejecutivo es el vínculo entre los agentes de las fuerzas de seguridad provincial y los jóvenes en situación de vulnerabilidad social, donde son importantes las concepciones de seguridad, violencia y derechos humanos que inciden en los modelos de acción policial en su interacción con los menores en delito.

Amparos

Otro tema que tiene directa relación entre el accionar judicial y el Ejecutivo está vinculado a los amparos que resuelve positivamente la Justicia en favor de reclamos de ciudadanos para la atención de la salud, principalmente en enfermedades que requieren tratamientos muy costosos. Hay un fuerte requerimiento del gobierno por este punto.

Estos casos se dan tanto en la cartera de Salud como en el IPROSS, que funcionan con presupuestos elaborados de acuerdos a proyecciones anuales y que luego, ante un amparo judicial deben asumir gastos no previstos.

Se genera así un proceso administrativo entre apelaciones y resoluciones, mientras el amparista espera una solución a su demanda.

Abuso

Desde el Gobierno también tienen críticas a la Justicia. En los casos de abuso sexual o violencia física, a los magistrados les resulta más fácil «sacar» al niño o adolescente de su casa, y no al adulto, teniendo herramientas como prohibición de acercamiento u otros recursos que eviten la reincidencia mientras se desarrolla la acción penal.