La caja de Pandora. ADN

El Poder Judicial abrió la caja de Pandora. La fuerte pelea entre los jueces del Superior Tribunal de Justicia, Liniana Piccinini y Sergio Barotto por el juicio político a (la ex fiscal) y actual camarista, Daniela Zágari dejó al descubierto internas, intereses y posicionamiento disímiles en la cúpula judicial, y ahora, no se sabe qué podrá ocurrir en la torre de marfil, ni qué tempestades se están incubando.

Zágari debió haber afrontado -desde el miércoles- un jury por su desempeño en la investigación del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya en Viedma. Su muerte, impune aún, tuvo dos juicios pero sin condenados. La familia del joven viedmense (la fiscalía y la querella) imputan la falta de verdad y justicia a la instrucción, asegurando que la actual magistrada fue clave en el camino a la fata de resolución del caso.

El trámite viene desde hace un tiempo. Y el Consejo de la Magistratura iba avanzar en el juicio. Pero por ahora, no pudo. La defensa de Zágari realizó un amparo y el juez Miguel Cardella lo aceptó, y frenó el proceso. La acción se da bajo la presidencia de Piccinini en STJ. Casualmente, la jueza estaba en la lista de testigos. Es más, era la primera. Es decir, el jury (con altísima exposición pública) arrancaba con ella en el estrado.

Piccinini fue Procuradora cuando Zágari instruyó la causa Atahualpa. Era su jefa directa. Fue una época donde el Poder Judicial jugó un rol destacado en la política rionegrina, ya que varios fiscales eran proclives a tomar denuncias contra funcionarios del gobierno radical, para dar la idea de corrupción. Esas acciones eran generadas -en su mayoría- por la ex defensora del Pueblo, Ana Piccinini, y sostenidas mediáticamente por el diario Río Negro. Todo ello favorecía la candidatura de Carlos Soria a la gobernación. Una versión anticipada de lo ocurriría con la estrategia de Cambiemos, más adelante, en el país.

Zágari era una fiscal obediente. Incluso, tomó de «oficio» denuncias que le habían dejado en el parabrisas del auto en un papel mal escrito.

El tiempo y la política hicieron lo suyo. Zágari ascendió a jueza y Piccinini dejó el Ministerio Público para alojarse en el Superior Tribunal de Justicia. Su hermana Ana, fue legisladora (de la mano del «Gringo») un período y fracasó junto a Miguel Pichetto en la fórmula del Frente para la Victoria de 2015.

Hoy aquella historia recobró vigencia.

Mientras se debatió la responsabilidad de Zágari, Piccinini hizo todo lo posible para que no llegue a juicio político. El ex consejero del oficialismo, Adrián Casadei, fue el encargado de realizar la investigación preliminar y determinó que había motivos para que la ex fiscal enfrente un jury. A partir de ahí se motorizaron los mecanismos de defensa que encabezó el abogado Fernando Chironi. A la hora de avanzar, el Procurador Jorge Crespo acordó un juicio abreviado, pero el Consejo lo rechazó. Otra vez los integrantes del oficialismo dando una fuerte señal. Los ex legisladores Leandro Lescano y Alfredo Martín y los integrantes del Colegio de Abogados de Viedma, entendieron que la «gravedad» del tema imponía un debate público.

Llegó el lunes y todo estaba dispuesto para comenzar (el miércoles) el juicio y apareció el amparo. Cardella buscó coordenadas. Llegó a la oficina de Barotto, quien es el presidente del Consejo de la Magistratura encargado del jury. No encontró una orden, encontró que había voluntad de realizar las audiencias y luego serían las pruebas las que determinen la responsabilidad o no de Zágari.

Pero favoreció al amparista, aún en términos jurídicos opinables. Es por ello que el Fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía, apeló.

Cardella quedó en off side, o al menos en uno de los bandos en pugna. Definió por Piccinini.