El «reperfilamiento» afecta los pagos del Plan Castello

(ADN). _ La senadora Silvina García Larraburu alertó sobre las consecuencias que el “reperfilamiento” de la deuda pública y las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno Nacional, tienen para la administración de Alberto Weretilneck y que afectan a las finanzas públicas de la administración provincial y perjudican severamente a todos los rionegrinos.

García Larraburu indicó que esta situación sumada al congelamiento en el valor de las naftas -que derivó en el reclamo del Gobernador ante la Corte Suprema de la Nación- «significó una ruptura con el Gobierno Nacional que modifica la estrategia de Cambiemos para favorecer a Juntos por Río Negro en el tramo Senadores» y que «la auténtica defensa de los intereses provinciales y el  cambio de políticas económicas que favorezcan el crecimiento económico y la calidad de vida de los rionegrinos, solo puede comenzar a construirse el próximo 27 de octubre ratificando el voto al Frente de Todos.

Río Negro, a través del Fondo Fiduciario Gobernador Castello, invirtió un monto total de 87,8 millones de dólares en Letras del Tesoro (LETES), con vencimiento el próximo 27 de septiembre, ahora con una prórroga extendida en los plazos de pago debido a las reprogramación de la deuda, dinero que está orientado al compromisos del Plan Castello, del Plan y que resentirá la cadena de pagos, principalmente en el rubro de la construcción.

 
Silvina García Larraburu explicó que los préstamos  del Plan Castello están en dólares y «la provincia y municipios recaudan en pesos» generando una situación «preocupante» para hacer frente a esas obligaciones, además de la baja en la recaudación como consecuencia de la caída del consumo y de la producción.

 
«Esta medida perjudicial se ve agravada por la quita del IVA y, a su vez, el  aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias debilita las finanzas provinciales en un momento donde los gremios reclaman nuevas paritarias por la fuerte devaluación», dijo la senadora y señaló que «no sólo los salarios son una dificultad para el gobierno, algunos proveedores se quejan por falta de pago y lo más notorio es su impacto en el sector de la salud, cuando los médicos y farmacéuticos cortan el servicio a los afiliados al IPROSS».