Consejo de Procuradores: «gravedad institucional» en Jujuy

El Consejo de Procuradores y Fiscales de la República Argentina realizó un congreso extraordinario en la capital jujeña, en el que alertaron sobre la «gravedad institucional» ante el inicio de un juicio político al fiscal general del Superior Tribunal y miembros del Tribunal de Cuentas provincial, por lo que advirtieron una posible «intervención» del Poder Judicial local, según publicó el diario Pulse, que dio cuenta de una reunión del viernes pasado de los Procuradores con el gobernador jujeño.

La visita de la comitiva muestra la gravedad y la injerencia del gobierno de Gerardo Morales en la Justicia. «Nos vamos de Jujuy aún más escandalizados que cuando llegamos», describieron en un duro comunicado.

Los Fiscales y Procuradores nacionales brindaron una conferencia de prensa donde el presidente del Consejo, Mario Bongianino, describió varios hechos sobre la actual falta de Estado de Derecho en Jujuy.

Al tercer día de asumir en el Gobierno, Morales amplió el Tribunal Superior de Justicia y logró una nueva mayoría propia. Además creó el Ministerio Público de la Acusación para ubicar a un hombre de su confianza como Sergio Lello Sanchez, el cerebro de la persecución penal contra Milagro Sala, organizaciones sociales, y la oposición. De esta manera buscó anular al fiscal general Alejandro Ficoseco.

El Ministerio Público Fiscal que maneja Ficoseco fue creado por la Constitución provincial, en cambio el Ministerio Público de la Acusación es el resultado de una ley impulsada por el oficialismo que otorgó casi las mismas funciones y privilegios. Es decir que son dos ministerios se superponen.

El 11 de septiembre último quedó conformada en la Legislatura jujeña la sala acusadora para dar inicio al juicio político contra Ficoseco y tres integrantes del Tribunal de Cuentas, pedidos impulsados por diputados de Morales, por el supuesto incumplimiento en sus deberes de funcionarios.

Cabe señalar que el Tribunal de Cuentas es el organismo responsable de controlar qué es lo que hacen los funcionarios con el dinero público.

Ante el uso del juicio político para remover a funcionarios de dos áreas clave para el funcionamiento institucional en Jujuy, los jefes de los Ministerios Públicos de todas las provincias del país manifestaron su preocupación y advirtieron que «las instituciones en Jujuy se encuentran en peligro».

En ese contexto, el procurador general de La Pampa, Mario Bongianino, titular del Consejo de Procuradores del país; el Fiscal General de San Juan, Eduardo Quattropani, junto a su de Tucumán, se reunieron durante 35 minutos con el gobernador de Jujuy para manifestar su preocupación el «copamiento» de la Justicia y la persecución política.

En el encuentro del viernes, Morales aseguró sin rodeos que «hay que destituir a Ficoseco y si hace falta él lo impulsaría». De esta manera reconoció que los juicios políticos cuentan con el aval del Poder Ejecutivo «y que para el caso que fracasaran, vendrán otros procesos similares».

En diálogo con Diario Pulse, Bongianino alertó que este escenario reúne todas las condiciones para la intervención federal del Poder Judicial aunque señaló que no es competencia de la entidad que preside. «Se trata de un remedio federal que establece la propia Constitución Nacional ante el mal funcionamiento de uno de los poderes de una provincia en donde no se respeten, como vemos en el Poder Judicial de Jujuy, ciertas garantías constitucionales».

«Es el último recurso que tiene una República para restablecer el orden constitucional. Esto lo declaramos y molestó muchísimo. Es una salida extrema. Creo que hay otras salidas intermedias si tomaran conciencia del deterioro institucional de la provincia», manifestó al sitio digital.

Finalmente Bongianino contó que la reunión con Morales se trató «una audiencia de escucha sin diálogo porque primero expusimos nosotros, luego el gobernador y no hubo posibilidad de intercambio alguno».

Horas después, Morales recibió la visita del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien lo respaldó y en declaraciones a la prensa descartó la intervención federal, en sintonía con los deseos del gobernador.