Causa Indalo: sobreseyeron a Cristóbal López y De Sousa
La jueza María Eugenia Capuchetti, la única del tribunal nombrada por Mauricio Macri, sobreseyó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza por la venta del Grupo Indalo, sospechada de fraudulenta. La medida también alcanzó a Ignacio Rosner y Enrique Dellatorre, que intentaron adquirir el paquete accionario del grupo en una operación fallida.
La jueza los sobreseyó «por no encuadrar en una figura legal el hecho investigado, dejando constancia que la formación del presente sumario en nada afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado».
«No hubo transferencia accionaria pues, pese a la sensación de que se encontraban realizando un ardid tendiente a confundir a las partes de aquel expediente que originó la formación de esta causa, los imputados realmente habían puesto en consideración del Magistrado (Ercolini) la autorización para que se realice la transferencia accionaria», señala Capuchetti en su dictamen.
La jueza asumió en mayo pasado la titularidad del juzgado federal número 5 en reemplazo de Norberto Oyarbide, fue la única jueza de esos tribunales que nombró Macri.
Capuchetti se basó en un dictamen del fiscal Federico González, quien consideró que no había existido delito en el supuesto traspaso del grupo. El expediente había pasado anteriormente por los jueces Marcelo Martínez de Giorgi y Ariel Lijo.
El intento de venta del grupo a Rosner derivó en la detención de los titulares del Grupo Indalo en octubre de 2017. Se trata de una causa paralela iniciada por el magistrado Julián Ercolini e investigada por el fiscal Gerardo Pollicita, quienes instrumentaron las detenciones.
López y De Sousa están presos en la cárcel de Ezeiza. Ambos fueron procesados con prisión preventiva por «administración fraudulenta» a raíz del desvío de 8.000 millones de pesos de tributos que debía pagar su petrolera Oil, causa que es el fondo de las acusaciones que enfrentan.
En paralelo, López y De Souza denunciaron que el gobierno de Macri instrumentó una maniobra judicial para quitarles las empresas. Esa causa la investiga la juez María Servini de Cubría y el fiscal Guillermo Marijuán. La jueza denunció en su momento que estaba recibiendo presiones del gobierno actual.