El titular de la Corte bonaerense habló de causas “armadas”
El presidente de la Corte Suprema bonaerense, Eduardo De Lázzari, denunció “el armado de causas judiciales”. Se refirió a “los abusos de arrepentidos y testigos de identidad reservada” y “las condenas mediáticas”, desarrollados por “espías y traficantes de escuchas con la complicidad de algunos magistrados”. Las declaraciones se conocieron ayer e incluso por un audio en las redes sociales.
“Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abuso de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas, y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante”, dijo el juez al describir la situación.
De Lázzari habló la semana pasada en las Jornadas de la Red de Jueces Penales de la provincia, en la ciudad de Campana, donde se refirió situaciones irregulares que remiten inmediatamente a la investigación que instruye el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre el armado de causas por parte de una red de agentes de inteligencia, fiscales, jueces y operadores de prensa. Sus declaraciones se conocieron ayer.
No sólo hubo referencias a Comodoro Py, sino también a la provincia de Buenos Aires al mencionar “el abuso del proceso judicial penal”, que muestra sus síntomas también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.
El magistrado repudió el abuso de pedidos de juicios políticos contra sus pares por “el desagrado o la disconformidad” con los fallos, advirtió que el poder judicial “no puede depender de los dictados que se hagan desde otros poderes políticos” y destacó que “la única herramienta que tenemos para combatir todo eso es el derecho”.
La presencia de espías en juzgados bonaerenses para obtener fallos al servicio del poder político remite al caso de Luis Carzoglio, el magistrado que en agosto del año pasado recibió la visita de dos miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pascuale, quienes le confiaron que lo visitaban “porque el presidente de la Nación estaba interesado en la detención de (el dirigente camionero Pablo) Moyano”, de la que el juez no había recibido ni siquiera un pedido del fiscal, y le hicieron llegar un borrador del escrito para ordenarla.
De Lázzari también aludió a los pedidos de juries contra magistrados. “Frente al desagrado o la disconformidad con una decisión judicial, inmediatamente se recurre a la denuncia contra el magistrado y estamos tramitando procesos de enjuiciamiento en los que son absolutamente cuestiones de tipo jurisdiccional, inclusive confirmadas por los tribunales superiores”, dijo el magistrado.
El más notorio de los procesos de destitución que impulsó el gobierno bonaerense fue contra el entonces juez contencioso administrativo Luis Federico Arias, protagonista de varios pronunciamientos que disgustaron a Vidal, y que terminó con su remoción en agosto del año pasado.
“La única herramienta que tenemos para combatir todo eso es el derecho”, indicó De Lázzari y puntualizó que “el punto es que el Poder Judicial debe tener el rol de poder del Estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde poderes políticos. Si ponemos el hombro en ese menester creo que podremos salir al cruce de ese panorama sombrío”.