Atahualpa aún pide Justicia
(ADN).- Pasaron 10 años y aún Atahualpa pide Justicia. Fue asesinado en una fría madrugada del 15 de junio del 2008, luego de salir con amigos a bailar. Su cuerpo fue encontrado en un camino vecinal en cercanías de la Planta Transformadora de Viedma, con un tiro en el pecho. Desde ese momento fue incansable el batallar de su madre, Julieta Vinaya, quien falleció el año pasado sin poder conocer una sentencia condenatoria.En la causa están imputados Carlos Morales Toledo, Belén Barrientos y Felipe Carrasco.
Ahora un tribunal constituido por los jueces Carlos Mussi, Ignacio Gandolfi y Marcelo Valverde, volverán a retomar este juicio luego que el Superior Tribunal de Justicia ordenara un nuevo debate y anuló la sentencia absolutoria hacia los acusados dictada por la Cámara integrada por Juan Bernardi, Rolando Gaitán y Eduardo Roumec, en el 2014.
En esos momentos la absolución fue argumentada por fallas procesales de la Fiscalía. Un tema clave en la investigación fue la presencia de una campera con manchas de sangre encontrada en la casa de uno de los imputados, que no fue debidamente analizada como prueba en la investigación.
Aquel fallo declaró la nulidad de la prueba principal, el ADN en la campera, y los jueces señalaron las debilidades, contradicciones y ambigüedades de muchas de las pruebas y calificaron como negativa la actuación fiscal.
La investigación de la muerte de Atahualpa se prolongó desde el 2008 hasta 2012 cuando el juez eleva la causa a juicio y en octubre del 2014 los acusados fueron absueltos.
La persistencia de Julieta Vinaya determinó que la Legislatura rionegrina formara una comisión investigadora que en sus conclusiones determinó que se remitiera al Consejo de la Magistratura las actuaciones de los entonces fiscales Daniela Zágari, Ricardo Falca y el juez Carlos Reussi.
Hoy estas actuaciones están a punto de alcanzar un resultado final. El Consejo de la Magistratura tiene en su poder el dictamen del legislado sumariante Adrián Casadei, sobre la responsabilidad de los nombrados en la investigación por la muerte de Atahualpa.
De esta manera se reinicia un nuevo juicio, donde la actuación fiscal está a cargo de Hernán Trejo y el abogado de la querella es el ex juez Favio Igoldi. La defensa de los imputados está a cargo de defensores públicos.
La Justicia tiene ahora la oportunidad de reivindicarse y salir del debate amañado que tuvo hace casi cinco años, con una investigación con deficiente actuación fiscal.