Aportes truchos: La causa llegó al Superior Tribunal
(ADN).- Las presuntas irregularidades en la campaña electoral 2015 de Juntos Somos Bariloche, que dieron origen a la causa de «aportes truchos», será evaluada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El Tribunal Electoral Provincial remitió al STJ el expediente para que resuelva la competencia en la continuidad de la investigación, evaluando que las acusaciones “no encuadran en la categoría de los delitos electorales”, ya que está en investigación “una falsificación de constancia de aportes, la apropiación de identidad y también el origen del dinero aportado a la campaña”.
La causa se inició el pasado 9 de septiembre de 2018, tras una publicación del portal barilochense En Estos Días, que dio cuenta de la existencia de vecinas y vecinos de Bariloche que figuraban en la lista de aportantes para la campaña 2015 de Gustavo Gennuso, y que sin embargo no habían realizado desembolso alguno.
Recorrido judicial
El titular de la Unidad Fiscal Temática 3, Guillermo Lista, inició una investigación de oficio ante la publicación, que luego se unió a las denuncias realizadas por vecinos afectados por la maniobra y por legisladores y concejales del Frente para la Victoria.
Sin embargo, y a pesar de haber recibido más de 20 testimonios que confirmaban el hecho de la confección de una lista trucha de aportantes, el Fiscal Lista interpretó que los posibles delitos cometidos se circunscribían al ámbito electoral, y solicitó al Juez de Garantías, Juan martín Arroyo, que se pronuncie sobre el tema.
Arroyo avaló esa mirada, aunque, en su resolución, dejó abierta la posibilidad de continuidad de una investigación penal, ya que, entre otros potenciales delitos, podrían caber las figuras de falsificación de documento público, apropiación de identidad, blanqueo de dinero, e incumplimiento en los deberes de funcionario público.
Tribunal Electoral
Hoy, el diario Río Negro publicó que el Tribunal Electoral remitió el expediente al STJ, argumentando que es el fuero Penal el natural para determinar la posible existencia de esos u otros delitos.
“El responsable de la rendición de los ingresos y gastos de campaña, es decir el administrador de campaña, es considerado un funcionario público por lo tanto es el Código Penal de la Nación quien prevé los delitos cometidos por esta figura”, indicó el Tribunal Electoral.
Y amplió que los hechos investigados “importan una conducta propia del ámbito penal, en tanto refieren a fraguar, adulterar o falsear documentación y con ello, tiende a defraudar, simular o beneficiarse patrimonialmente o perjudicar a otra persona”.
La Resolución de la justicia electoral provincial es clara, y puede marcar un hito, teniendo en cuenta el devenir de una causa similar en la Provincia de Buenos Aires, donde se investiga una conducta igual en la conformación de listados truchos de aportantes por parte de la alianza Cambiemos.
En su resolución, el TEP rionegrino explica que “el haber utilizado identidades robadas para confeccionar la lista de aportantes para la campaña política del 2015, se avizora la impertinencia de su encuadre en el marco de la competencia asignada por disposición legal a este tribunal”. Es decir, que al margen de posibles desviaciones en relación a la Ley Electoral, los potenciales delitos son de carácter penal, y así deben ser investigados.
Ahora será el Superior Tribunal de Justicia el que determine en qué ámbito deberá continuar el análisis e investigación del caso que jaquea a la administración Gennuso.