Cárdenas y Carrasco: enojo de familiares con la Fiscalía

La decisión de los fiscales de no sostener las acusaciones contra el ex comisario Jorge Carrizo, titular de la comisaría 28 cuando ocurrieron los crímenes de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, dentro de su jurisdicción, en junio de 2010, y el ex segundo Jefe de la Regional III, Fidel Veroíza, sorprendió a los familiares de las víctimas y provocó enojo, después de que las abogadas de las querellas, Marina Schifrin, y Natalia Araya y Julieta Blanco (en este caso excluyendo también a Veroíza), habían insistido con el pedido de 6 años de prisión e inhabilitación por otros 12 para los jefes policiales.

Los fiscales en cambio sí mantuvieron las acusaciones para los otros jefes, Jorge Villanova, de la Policía de la provincia de Río Negro, el ex comisario Argentino Hermosa, de la Regional III, y el ex secretario de Seguridad, Víctor Cufré, a quienes les imputan los delitos de homicidio culposo, negligencia en el accionar e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para los tres solicitaron una pena de 4 años de prisión y 8 de inhabilitación.

Los agentes Víctor Sobarzo, Víctor Pil y Marcos Epuñán, identificados por los peritos como los autores de los disparos que dieron muerte a Sergio Cárdenas, fueron acusados de homicidio en ocasión de agresión, y para ellos la Fiscalía pidió una pena de 4 años de prisión. En este caso, un requerimiento menor a los 8 años que había planteado la querella.

Un extenso alegato que comenzó el jueves con la exposición del fiscal Martín Lozada y concluyó este viernes con el fiscal Eduardo Fernández cerró la etapa final del juicio por las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco en junio de 2010, y solo resta esperar la sentencia que se conocerá el 4 de diciembre.

La fiscalía reconstruyó en detalle los sucesos de aquel día basándose –tal como lo hicieron las abogadas querellantes- en las pruebas periciales que alcanzaron a determinar el uso desmedido de la fuerza, la desorganización procedimental, el empleo de munición letal y, en el caso de Cárdenas, la identificación del grupo de policías Sobarzo, Pil y Epuñán, quienes efectuaron los disparos mortales.

Para el caso de los jefes policiales, los fiscales lograron establecer una precisa cronología de sus movimientos el 17 de junio, lo que les permitió demostrar la desidia y el comportamiento contrario a la carga pública que debían asumir como funcionarios del Estado.

Los ex comisarios Jorge Villanova, ex jefe de la Policía de Río Negro; Argentino Hermosa, entonces jefe de la Regional III, y el ex secretario de Seguridad, Víctor Cufré, viajaron a El Bolsón y, a juicio de la querella y la Fiscalía, rehuyeron sus responsabilidades cuando el conflicto desatado en el Alto avanzaba hacia la crisis que culminó con dos muertos y decenas de lesionados.

Con un planteo coincidente con el que hicieron las abogadas de la familia Cárdenas, Natalia Araya y Julieta Blanco, Lozada y Fernández sostuvieron que durante la represión se rompió la cadena de mando en la Regional III, cuando el ex comisario Argentino Hermosa, responsable de la repartición, abandonó la ciudad sin dejar formalmente a nadie a cargo; en este caso, su segundo al mando, el ex comisario Fidel Veroíza.

Una de las decisiones de Argentino Hermosa, quien “Debía ejercer la conducción operativa integral, asegurando su gobierno y disciplina, impartir directivas tendientes a lograr una positiva acción preventiva”, recordó el fiscal, fue pedir el apoyo de la Brigada de Operaciones, Rescate y Anti tumultos (BORA), alrededor de las 7 de la mañana del 17 de junio.

“El grupo BORA”, señaló el fiscal Fernández, “era el único cuerpo de la Policía que se encontraba capacitado para llevar a cabo acciones de control anti disturbios, empleando la fuerza solo en la medida de lo necesario”.

Aclaró que, de acuerdo al parte diario, desde las 10,51 la unidad especializada cumplió con las tácticas de control anti disturbios conforme al manual de procedimientos entonces vigente, y que con su intervención logró contener la situación en 40 minutos. Señaló además que consta el registro de los materiales fumígenos, los agentes químicos y la munición AT empleada, y la nómina de los 6 efectivos que intervinieron en un primer momento bajo las órdenes del ex jefe de la unidad, José Luis Flores.

“Pero también esa mañana el comisario (Argentino) Hermosa dio una segunda orden”, explicó Fernández; “la convocatoria a personal de otras comisarías para que concurra a modo de refuerzo de la comisaría 28”.

Ante esa directiva se incorporaron al operativo agentes de distintas unidades, incluyendo personal de la brigada de investigaciones, policía Rural y aún personal del Servicio Penitenciario, amén de otros efectivos que se sumaron a la represión en forma espontánea y sin conocimiento de sus superiores. Buena parte de este personal sin preparación ni experiencia; sin equipamiento adecuado ni práctica en el uso de escopetas.

“Esta segunda orden de Hermosa”, puntualizó Fernández, “muestra que la dio desatendiendo los protocolos correspondientes, porque se trataba de personal policial que no estaba preparado, que no contaba con la capacitación, ni con el equipamiento necesario para hacer frente a los acontecimientos”.

Tanto el ex jefe de la Regional III, Argentino Hermosa, como el ex jefe de la Policía de Río Negro, Jorge Villanova, estuvieron esa mañana en la comisaría 28, con lo cual este último pudo comprobar que el personal de refuerzo no estaba capacitado y, señaló el fiscal, “debió dar una orden en contrario”.

El hecho de que cerca del mediodía se pidieran más refuerzos al BORA, provenientes de General Roca y Lamarque, comprendieron los fiscales, es prueba que compromete a ambos jefes, que “estaban viendo que se trataba de una situación excepcional, y que preveían acontecimientos de manifestaciones sociales que podrían ocurrir”.

El fiscal Eduardo Fernández adhirió a las expresiones del ex jefe del grupo táctico, José Luis Flores, en el sentido de que la Brigada pudo haber controlado la situación, y añadió que la convocatoria al de personal de otras unidades “no solo era no era necesaria, sino que además estaba entorpeciendo el accionar del grupo BORA”.

El hecho, comprendieron, provocó anarquía entre los subordinados quienes actuaron sin órdenes precisas, circunstancia de la que no escapa en su responsabilidad el ex secretario de Seguridad, Víctor Cufré, cabeza civil de la fuerza policial.

En este escenario, determinaron además, los policías se aprovisionaron de munición no letal y letal –la cual se presume provino de la empresa de Seguridad PROSEGUR- y la emplearon contra los manifestantes a mansalva, disparando a razón de 15 cajas de cartuchos 12/70 (compatibles con escopeta Itaka) cada dos horas.

Que los máximos jefes policiales estaban en conocimiento de lo que podía suceder fue confirmado, entre otros por el testimonio del ex sub comisario de la 28, Carlos Báiz, que en su declaración contó: “Ingresé a las 8 de la mañana. Me enteré que había pasado el deceso (de Diego Bonefoi). En ese momento todo el mundo presentía que iba a haber algunas connotaciones complicadas sociales. Estuvimos hablando con el jefe de la unidad, con el subcomisario Carrizo, el subcomisario Vázquez… Estábamos todos ahí. Se charló entre nosotros que podría esa mañana haber problemas”, dijo.

Para los fiscales las directivas del ex comisario Argentino Hermosa desatendieron el protocolo; además, el conocimiento previo de lo que podía suceder esa tarde, exigía su presencia en Bariloche, pese a lo cual dejó a la Regional “acéfala” hasta la noche, cuando regresó de El Bolsón. Una consideración igual les cupo al ex secretario de Seguridad, Víctor Cufré, “quien tenía la responsabilidad de limitar el margen de autonomización de la fuerza”, y al jefe de la Policía, Jorge Villanova.

“Los jefes máximos de la Policía de Río Negro, Villanova y Cufré”, sintetizó el fiscal Fernández, “se llevaron al jefe de la Regional, que era el responsable del operativo y tenía la obligación de estar presente en el lugar de los hechos”.

Tras el análisis la Fiscalía tomó distancia de la querella, y dejó al margen de los señalamientos a los ex comisarios Jorge Carrizo, entonces jefe de la comisaría 28, y al ex segundo jefe de la Regional III, ex comisario Fidel Veroíza.

Marina Schifrin, abogada de la familia Carrasco había solicitado para todos los jefes la pena de 6 años de prisión inmediata, en tanto Natalia Araya y Julieta Blanco, en representación de la familia de Sergio Cárdenas, apuntó a la misma pena, aunque tampoco acusó a Veroíza.

La decisión, particularmente en lo que refiere al ex comisario Jorge Carrizo, provocó malestar entre los familiares quienes consideran que Carrizo fue el “epicentro de los hechos criminales que comenzaron ese día a la madrugada por personal a su cargo”.

A la vez, desde la Multisectorial contra la impunidad y la represión, organización que acompañó a las familias durante los 8 años que lleva el proceso, consideraron que: “Al retirar todos los cargos en su contra, los fiscales Martín Lozada y Eduardo Fernández eximieron de toda responsabilidad al ex comisario (Jorge Carrizo) responsable de todo el personal regular que integró los grupos que avanzaron y dispararon contra personas y edificios desde antes del mediodía, todos camaradas del cabo (Sergio) Colombil que unas horas antes había ejecutado de un balazo en la nuca a Diego Bonefoi y de la patrulla que participó de esa persecución homicida”.

Al fundamentar su decisión, el fiscal Fernández señaló que “(el ex comisario, Fidel) Veroíza permaneció todo el día en la Regional III, donde dice que había un solo empleado, con la orden de informarle a su superior, (ex jefe de la Regional) Argentino Hermosa, de todo lo que acontecía en la Unidad”.

“Entiendo que Veroíza”, explicó Fernández, “no tuvo la delegación de las facultades que le corresponden al señor Hermosa, ni tuvo la orden de hacerse cargo del operativo ese día”.

Con respecto a Carrizo, el fiscal acudió a la idea de que “fue el único capitán que permaneció en el barco”. Dijo que Carrizo “permaneció toda la jornada dentro de la comisaría 28 de la que él estaba a cargo” y consideró “¿cómo se puede hacer responsable a Carrizo de todo el operativo que se dispuso esa tarde en Bariloche?”.

“Carrizo respetó el objetivo que tuvo ese día: permanecer en la comisaría para evitar que fuera tomada”, afirmó el fiscal Eduardo Fernández, “hacerlo responsable sería un exceso. Por eso con respecto a (Fidel) Veroíza y (Jorge) Carrizo la fiscalía va a retirar la acusación porque entiende que no fueron responsables”, concluyó.

(Fuente e informe: En Estos Días)