Ajuste 2019: Congelar el gasto y bajar la obra pública

Reducir un 30% los fondos para obra pública y aumentar los gastos en un porcentaje bastante menor a la inflación será el método del Gobierno para hacer su ajuste en el presupuesto de 2019, que según acordó con el FMI debería alcanzar los 300 mil millones de pesos.

De este recorte, 100 mil millones deben ser absorbidos por las provincias, en una negociación con los gobernadores que por ahora está trabada.

El principal tijeretazo serán los subsidios, sobre todo al transporte que se transferirán a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, pero también evalúan exigirle a los gobernadores costear una porción de la tarifa social, el fondo de incentivo docente (Fonid) y programas especiales del Ministerio de Desarrollo Social.

Para evitar tensar la cuerda en el Congreso, el plan es que ninguna de estas medidas sea contemplada en el articulado del presupuesto y se materialicen en decretos y resoluciones ministeriales, como hizo Macri con la eliminación del Fondo Sojero, una jugada polémica que ya generó una rebelión de intendentes y tiene pendiente de un hilo la negociación con los gobernadores.

Fue la misma vía que usaron para reducir los subsidios a la Patagonia, que de todos modos el Gobierno restableció por un mes ante la presión de los legisladores de Cambiemos.

La eliminación del Fondo federal sojero se aplicó por un decreto de necesidad y urgencia, pero también debe debatirse en una bicameral del Congreso. En la Casa Rosada prefieren esa vía a discutirlo junto a la ley de leyes.

El monto asignado a la obra pública bajará 30% con respecto al estipulado para este año, aun cuando una buena parte ni siquiera se ejecutó. En cifras, el ajuste es mucho mayor por efecto de la inflación.

Lo mismo ocurre con las asignaciones a cada área de Gobierno: llegarán con cifras similares a 2018 o incrementos muy por debajo a la suba de precios.

«No hay antecedentes de una discusión fina por los montos consolidados», repiten en Cambiemos, confiados en que ese recorte no provocará discusiones subidas de tono. No será fácil evitar una dura discusión por el presupuesto de las Universidades, paralizadas por una discusión salarial.

Sobre todo porque el ajuste, con este metodología, no toca la ayuda social que aporta Anses, que si está sujeta a leyes de indexación. Por ahora, Emilio Basavilbaso sólo tiene en carpeta eliminar jubilaciones de privilegio y pensiones para quienes registren altos ingresos.

En Cambiemos creen que su principal desafío será detectar con precisión pensiones mal otorgadas. «Se viene hablando desde que empezó en Gobierno, se promociona, se paga el costo político y no se hace», se lamentan.

El otro desafío será el plan financiero, porque aún con la ayuda del FMI, harían falta US$ 8.000 millones para cerrar las cuentas en 2019. «Si se despeja el escenario político, se consiguen en el mercado local», confían en la Rosada. Falta mucho para eso.

(Fuente: La Política On Line)