Queja ante la OIT por criminalización de la protesta

(ADN).- ATE decidió avanzar en la presentación de una queja contra el gobierno argentino por el creciente proceso de judicialización de la protesta social en Río Negro y el resto de la Patagonia. Lo hizo durante el desarrollo de la 107 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la que participan sus máximos referentes, incluido Rodolfo Aguiar.

«No podemos pasar por la máxima cumbre del trabajo en el mundo y no denunciar al gobierno argentino por el grave proceso de judicialización de la protesta social que lleva adelante en el sur de nuestro país» expresó el Secretario General del gremio en Río Negro. «El Director de la OIT ha sido muy claro e indicó que la actividad sindical no puede ser criminalizada y que si eso ocurre es porque se violan convenios que tienen rango constitucional en nuestro país», enfatizó Aguiar desde Ginebra.

La Argentina suscribió los Convenios 87 y 98 adoptados con rango constitucional, que garantizan la libertad sindical.

La queja se presentará formalmente antes que finalice el Foro Internacional el próximo sábado en el Comité de Libertad Sindical y contendrá un detallado informe de las numerosas causas judiciales que se le siguen a Rodolfo Aguiar como consecuencia de su actividad sindical, tanto en la Justicia Federal (con 35 hechos imputados), como en la Ordinaria.

Desde ATE, recordaron que «en todos los casos se trata de protestas encabezadas por el dirigente en la provincia, para reclamar que se respeten los derechos de los trabajadores, se garantice la estabilidad laboral, se alcancen salarios dignos y mejoren todas las condiciones de empleo».

Si bien la denuncia se hace al Estado argentino y por ende se hace foco en el presidente Mauricio Macri, también apunta a las responsabilidades de los gobernadores de la Patagonia, incluido Alberto Weretileck.

Aguiar, en cada ocasión en en la que denunció «persecución», aseguró que la Justicia «es el brazo» de la política para criminalizar la protesta, y sindicó al gobernador, ministros (de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, y de Gobierno, Luis Di Giácomo), intendentes y legisladores que funcionan como «operadores» del gobierno en el Poder Judicial.

Hubieron tres casos de fuerte repercusión social que tuvieron a Aguiar como protagonista y, por dos de esos hechos, terminó en prisión: la protesta por la llegada de Mauricio Macri a Viedma cuando presentó el Plan Patagonia; la protesta en Contralmirante Cordero -que incluyó cortes de ruta y roturas de una comisaría-; y los incidentes entre ATE y la Policía en Legislatura cuando se debatía el endeudamiento del Plan Castello.