Cautelar ante la arbitrariedad policial contra jóvenes

(ADN).- “Todos los operativos de prevención que se realicen en la zona del barrio Virgen Misionera y más específicamente en las inmediaciones del establecimiento Amuyén y Jaime de Nevares deberán realizarse con personal debidamente identificado con credenciales en lugar visible con cara descubierta y en vehículos con patente correctamente exhibida. Los agentes deberán abstenerse de realizar maniobras intimidatorias o exhibir armas”, ordena un oficio de la jueza Marcela Pájaro, de San Carlos de Bariloche.

La Jueza de Familia barilochense dictó esta medida cautelar para detener las arbitrariedades de la Policía contra adolescentes del barrio Virgen Misionera. La decisión fue tomada luego de que la escuela Amuyén de ese barrio junto a las organizaciones sociales del Movimiento de Infancia de Bariloche presentaran ante su juzgado un pedido de habeas corpus para detener la escalada de violencia institucional que denunciada por los jóvenes que concurren a ese establecimiento del oeste de la ciudad.

El Habeas Corpus presentado por las organizaciones tiene su origen en la actitud de policías que rociaran con gas pimienta a adolescentes que se dirigían a realizar educación física durante el horario escolar. Situación que fue denunciada ante Fiscalía. Luego de este hecho se realizó una sesión especifica del Consejo de Niñez donde el responsable de la Regional Tercera Daniel Bertazzo firmó los acuerdos para detener el amedrentamiento policial.

Sin embargo, algunas semanas más tarde en el marco de “operativos de prevención”, los uniformados se apostaron con armas de grueso calibre, rostros tapados por pasamontañas, si identificación a la vista y con vehículos carentes de identificación.

Estos hechos precipitaron la presentación por parte de los abogados que acompañan a las organizaciones de infancia a presentar un escrito de pedido de habeas corpus preventivo que cayó en manos del Juzgado de Familia de Marcela Pájaro por tratarse de adolescentes y jóvenes.

La jueza se decidió por una medida cautelar donde ordena al Ministerio de Seguridad y a la policía que “deberán abstenerse de detener personas menores de edad a menos que resulte indudable que se ha dado algún supuesto habilitado por ley, en cuyo caso se comunicaran de forma inmediata con el Defensor de Menores e Incapaces en turno y la Fiscalía.” En otro párrafo dice el escrito: “Los operativos de prevención aludidos deben tener como finalidad la protección de todas las personas que transitan el barrio sin que resulte admisible `la presunción de peligrosidad` respecto a ninguna de ellas.”

Esta medida cautelar obliga también a la policía a comunicarse con los establecimientos educativos de la zona para informar si se llevan adelante operativos de seguridad.

La ola de violencia institucional viene en aumento de desde hace 2 años a esta parte y han sido denunciados en diferentes ocasiones y ante los mismos responsables de la policía en la ciudad.

Las organizaciones sociales reclaman entre otros puntos, la presencia de un responsable político del área de seguridad en la localidad, mientras el ministro del área Pérez Esteban no respondió a ninguna de las convocatorias al diálogo para solucionar esta problemática y Bariloche no cuenta con ningún funcionario con decisión política que pueda abordar el tema.