Fiscales acusaron a Gatica por defraudación al Estado

El Ministerio Fiscal acusó al secretario General de APEL, Alejandro Gatica, por “defraudación contra el Estado” a través de 11 maniobras realizadas entre 2010 y 2014 con dinero público del Fondo para Vivienda y Turismo Social del Personal Legislativo creado por la Legislatura de Río Negro en 2010.

Durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó hoy viernes 11/5, los fiscales Juan Pedro Puntel y la adjunta Paula de Luque, detallaron los delitos que llevaron a la imputación por la violación de los deberes y los intereses confiados en la Resolución 4/2010 que creó el fondo.

A Gatica se lo acusó de haber usado los fondos públicos para: comprar terrenos en Bahía San Blas, Las Grutas y Viedma “con notables sobreprecios”, no relevar a los empleados legislativos con necesidades habitacionales y, en cambio, vender lotes por fuera del gremio -en varios casos más de un lote a una misma persona-, comprar 170 mil dólares de los que se desconoce su destino, y adquirir materiales para la construcción para uso personal, de familiares y allegados, entre otras cosas.

En el marco de la investigación fueron imputados también su esposa Alicia Beatriz Fernández, su hijastro Alejandro Ezequiel León y Gonzalo Javier Angos quienes crearon la inmobiliaria GAL SRL con la que se habrían realizado la mayoría de las operaciones que “fue clave para generar un retorno al círculo familiar”.

La Fiscalía sostuvo que los tres imputados constituyeron la sociedad para “simular ser adquirentes intermediarios en estos negocios inmobiliarios y disimular los sobreprecios mencionados y el perjuicio al Estado, asegurando el retorno a Gatica y su círculo familiar, así como a su socio Angos”.

Por su parte, la ex Secretaria de Finanzas de APEL, Stella Maris Sale, fue acusada como “partícipe necesaria” de los delitos por haber “autorizando las maniobras defraudatorias contra el Estado, firmando rendiciones de cuenta, contratos, pagos, cheques y recibos que surgen de la acusación”.

Puntel y Luque señalaron que todas las maniobras cuestionadas tuvieron una contabilidad “deficiente, incompleta y confusa” que no permite “distinguir y diferenciar los bienes del fondo, los del gremio administrador y los de los administradores”.

El Juez Ignacio Gandolfi dispuso un tiempo de 4 meses para la investigación preparatoria en el que la Fiscalía espera concluir una “pericia contable” para “determinar fehacientemente el monto del perjuicio al Estado”.

A la acusación se sumó como querellante el abogado Favio Igoldi, en representación de Hernán Eloy Santa Cruz, uno de los adjudicatarios de lotes. Igoldi es, además, ex juez de Instrucción y quien elevó a juicio esta misma causa.

La audiencia de Formulación de Cargos por Defraudación se extendió por 5 horas. La estrategia de la defensa ejercida por los abogados Edgardo Corvalán (ex legislador de Sierra Grande y ex director de HIPASAM) y Carlos Dvorzak fue cuestionar el proceso judicial desde el inicio.

Plantearon objeciones por la incorporación de la querella, la formulación de hechos y la tipificación de los delitos y señalaron que la causa está “absolutamente contaminada” por la filtración de información a los medios de prensa desde un comienzo.

Gran parte del tiempo de la audiencia lo ocupó Gatica para rechazar las acusaciones y dar su versión. En sus planteos cuestionó a la denunciante -la ex defensora del Pueblo Ana Piccinini- y denostó la investigación judicial y del Tribunal de Cuentas de Río Negro.

El gremialista que hace un mes y medio atrás fue ratificado por los empleados legislativos para conducir el sindicato, aseguró que es víctima de una condena social provocada por la difusión de la información.

Apenas comenzó la investigación en 2014, algunos medios difundieron información sobre la creación de la Inmobiliaria GAL con fines defraudatorios y esto provocó una violenta reacción de dos de los imputados: Alicia Fernández y su hijo Alejandro León agredieron físicamente a un periodista. El hecho terminó en una mediación judicial en la que aceptaron su responsabilidad.

Entre muchas otras cosas, alegó que no se lo puede acusar de haber incumplido la ley de Administración Financiera de la provincia de Río Negro porque “nosotros somos una entidad privada, gremial, y nos regimos por una ley nacional. Nuestro funcionamiento lo regula el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación”.

En total son 10 imputados. El 23 de marzo escucharon la acusación en su contra Gonzalo Angos, Ricardo Angos, Yolanda Inostroza, Mario Montero de Espinosa y Alberto Otermin. Hoy fue la audiencia para Gatica, Alicia Beatriz Fernández, Alejandro Ezequiel León, Stella Marís Sale y José Zoilo Sáenz Esparza.

Sobre todos los imputados continúan vigentes las medidas cautelares de inhibición general de bienes que fuera dispuesta por el entonces Juez de Instrucción.

(Fuente: VDM Noticias)