Aborto no punible: sólo un imputado en Cipolletti
La fiscalía cipoleña resolvió pedir el sobreseimiento de la médica acusada de no realizar un aborto en el hospital; por el contrario, mantuvo la imputación contra su colega, un ginecólogo. Lo resuelto sorprendió al profesional, que junto con su defensor oficial expresaron un amplio descargo debido a la situación que debe enfrentar. Entre otros argumentos, el médico destacó su elección de trabajar en la salud pública para ponerse al servicio de la comunidad.
Bajo un gran hermetismo y en apariencia con la intención de evitar presiones externas, se desarrolló la audiencia de control de acusación por un delicado caso donde se investiga la actuación de médicos del hospital Pedro Moguillansky, que llevaron adelante un embarazo de una joven paciente más allá de su pedido de abortar. En concreto, los profesionales analizaron el riesgo para la paciente, con un feto que había superado las 22 semanas y que tenía un peso superior a los 560 gramos, explicaron fuentes allegadas a la investigación. Hubo una ronda de consultas, que incluyeron a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia y también se produjo la intervención de la Justicia de Familia.
La respuesta por parte de los funcionarios judiciales fue casi unánime en relación con el camino que debía adoptar el cuerpo médico y que, coincidían, debía ajustarse a lo que marca la ley. Luego de la intervención de asesores legales y jueces, los profesionales del centro de salud cipoleño decidieron llevar a cabo la cesárea.
Semanas después, en abril del año pasado, fueron notificados de una denuncia de la legisladora provincial Marta Milesi por el supuesto incumplimiento de la Ley 4796, que contempla el aborto no punible cuando el embarazo es producto de un abuso sexual.
La presentación de la cipoleña no dejó de sorprender a los médicos y el lunes, la fiscalía, representada por Rita Lucía y Santiago Márquez Gauna, comunicó que no avanzaría en la acusación en contra de la médica Yamila Custillo mientras que seguiría adelante en el proceso que involucra al ginécologo Leandro Rodríguez Lastra.
La audiencia fue presidida por la jueza Sonia Martín, quien escuchó en forma atenta a la parte acusadora. Para sostener la imputación contra el médico, explicaron las fuentes, la fiscalía introdujo el elemento de la violencia obstétrica.
Ante la acusación de los representantes del Ministerio Público Fiscal, el médico pidió la palabra y lamentó la actitud de los funcionarios judiciales y la puesta en duda de su desempeño como médico, “responsable de salvar dos vidas: la del bebé y la de la mamá”. Hizo un repaso sobre su formación académica, que había elegido ser ginecólogo y que era “una falta de respeto” la mención sobre una supuesta violencia obstétrica.
Recordó que se pidieron instrucciones a los asesores legales del Ministerio de Salud rionegrino y que intervinieron cuatro jueces civiles y un defensor de pobres y ausentes.
Otro punto que remarcó fue que no se encuentra en el registro de objeción de conciencia, lo que ratificaba su disposición a realizar un aborto si no había riesgos para la madre o el bebé.
En la clausura de la audiencia, la jueza confirmó la continuidad de las actuaciones contra el médico aunque aclaró que no se podía hablar de violencia obstétrica y que, en todo caso, esa imputación deberá probarse en el transcurso del juicio.
La fecha para el inicio del debate deberá fijarse en las próximas semanas.
Le dieron pastillas pero sin respaldo
Uno de los elementos que llamaron la atención en la audiencia del lunes fueron las pastillas abortivas que tomó la joven madre y que pusieron en riesgo su salud. En su declaración dio los nombres de las personas que se las entregaron, integrantes de una organización, y que supuestamente la acompañarían. Sin embargo, llegó al hospital con la expectativa de ese respaldo pero nadie se presentó.
(Fuente: LM Cipolletti)