Aguiar le pide al gobierno «pluralidad sindical»

(ADN).- El titular de ATE, Rodolgo Aguiar, le reclamò al gobierno de Río Negro que es necesario adecuar leyes provinciales que garanticen la «pluralidad sindical» y que se modifiquen la Ley 3.052 que establece el Régimen de la Función Pública y la 3.487 que creó el Estatuto General y Básico para el Personal de la Administración Pública. Señaló que el Estado rionegrino está atrasado en comparación con Nación y otras provincias sobre el reconocimiento de la existencia de más de una organización sindical que represente a los trabajadores, en clara alusión a UPCN.

Explicó Aguiar que el concepto creado en Río Negro de «entidad sindical mayoritaria» no existe en otra parte de la Argentina y obedece a una matriz ideológica basada en el mismo fundamento que la Corte viene declarando inconstitucional, y esto es la negociación exclusiva con el poder dominante, sin participación de otras voces.

ATE reclama que se impone en Río Negro la modificación de la Ley 3.052 en sus artículos 46, 50, 52, 53, 54 y 56 y de la Ley 3.487 en sus artículos 56 y 81, ya que generan ámbitos con la integración de una sola de las organizaciones sindicales y es esperable que los diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas estén a la altura de las circunstancias.

Señala también que el Consejo de la Función Pública es un organismo que fue ideado con «la complicidad del poder político, la pasividad y falta de intervención de la Justicia ordinaria a través de sus Cámaras del Trabajo o Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pudo sostenerse en el tiempo, a pesar de su ilegalidad manifiesta, también por un sector del periodismo al que le faltó involucrarse y llevar a cabo tareas de mayor investigación».

Concluye ATE en este pedido que la realidad jurídica y política actual impone al Estado la obligatoriedad de legislar permitiendo el acceso en igualdad de condiciones de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras en la discusión de sus derechos y condiciones de trabajo, por lo que debe asegurarse la participación de la totalidad de las expresiones sindicales que existan, con independencia de la cantidad de afiliados que cada una detenta.

Para Aguiar, es deber del Estado «subsanar las deficiencias de las leyes provinciales adecuándolas al resto del ordenamiento jurídico, eliminando todas aquellas normas que limiten ilegalmente los derechos constitucionales de los y las empleadas públicas» y destacó que «los estatales hemos instalado este debate con una incesante lucha y estando en la calle. La modificación de la Función Pública resulta obligatoria y no es una concesión de ningún Gobierno. No nos invitaron a pasar. Entramos a los empujones y sin permiso».