Habrá peritajes judiciales en Villa Mascardi
Los integrantes de la comunidad mapuche que ocupa un predio en Villa Mascardi, en Bariloche, dejaron constancia ayer en la Mesa de Diálogo, que aceptan el ingreso al lugar de inspecciones y peritajes judiciales y aclararon que «desde el primer momento» los mapuches aceptaron la realización de una inspección judicial en el lugar, porque su «primera preocupación es esclarecer asesinato de Rafael Nahuel», quien murió baleado el sábado último durante un operativo de Prefectura.
Esta declaración fue formalizada en el documento de la Mesa de Diálogo, a raíz de versiones según las cuales los mapuches no habían dejado ingresar a los peritos enviados por el juez federal Gustavo Villanueva para investigar la muerte de Nahuel, e incluso que habían agredido a los funcionarios judiciales, situaciones desmentidas por los referentes mapuches.
A su vez, en esta nueva reunión de la Mesa de Diálogo, la representación gubernamental del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) insistió en la necesidad de que la comunidad mapuche se vaya del lugar y se «ajuste a derecho» para «lograr avanzar en el diálogo hacia una solución de fondo», lo que los mapuches rechazan de plano.
Impulsada por el obispo de Bariloche Juan José Chaparro, y aceptada por el juez que les permitió a los mapuches volver al lugar desalojado sin ordenar otras intervenciones, la Mesa de Diálogo volverá a reunirse el miércoles 6, a menos que eventos imprevistos obliguen a un encuentro anterior.
La comunidad mapuche se instaló en septiembre en un terreno de unas 500 hectáreas, 30 kilómetros al sur de Bariloche y Parques Nacionales la denunció por usurpación el 10 de noviembre. El jueves 22 la Policía Federal desalojó la comunidad por orden de Villanueva y dejó a Prefectura para evitar que volvieran a ocupar el terreno.
El sábado 24 se produjo la muerte de Nahuel, quien recibió un balazo calibre 9 milímetros, y fueron detenidos Fausto Jones Huala y Lautaro González, cuando bajaron con la víctima gravemente herida. Ambos fueron liberados ayer.
En tanto, el juez Villanueva aceptó retirar la custodia federal del predio en conflicto y alejarla a 300 metros, además de suspender los operativos de captura de los mapuches que se habían escapado en el desalojo, mientras los ocupantes se comprometieron a no obstaculizar la investigación, aunque se niegan a abandonar el predio, que integra el Parque Nacional Nahuel Huapi.