Ajuste vs Autonomía Universitaria
(por Laura V. Alonso*).- En vísperas del 100° aniversario de la Reforma Universitaria y transcurridos dos años del gobierno encabezado por la alianza Cambiemos realizamos una balance sobre el lugar de la universidad pública en su proyecto de país.
Lo primero que hay para decir es que el presidente en sus actos y discursos públicos dice poco o nada sobre las universidades y su rol en la sociedad. Ojalá éstas ocuparan un lugar como las ya míticas “inversiones”, pero lo cierto es que no, que si en estos dos años públicamente habló de las universidades no fue en más de tres o cuatro ocasiones. Una de éstas, de las más recientes, fue una semana después de las elecciones de medio término realizadas en octubre de este año.
En el Centro Cultural Kirchner (ahora apodado CCK), el presidente resumió sus objetivos a futuro en donde mencionó la idea de que todos los sectores deberían hacer esfuerzos “cediendo algo en pos del conjunto” para bajar el gasto público. En ese momento introdujo en su discurso a las universidades, mencionando que éstas habían crecido -citamos- “en planta docente, no docente y oferta académica en un 30%” mientras que “la matrícula sólo había crecido en un 13% y la tasa de graduación era una de las más bajas”. Por ello, solicitaba a las universidades una “asignación eficiente de los recursos para mejorar el desempeño”. Terminando, en ese minuto y medio, su referencia a las universidades.
Sobre esto hay varias cuestiones para detenerse. La primera es lamentar que introduzca la cuestión de las universidades cuando está haciendo referencia al gasto público. En ese punto ya tenemos una diferencia estructural, de concepción, sobre el rol de la educación en la sociedad. Sea ésta inicial, secundaria o universitaria. La educación concebida desde el punto de vista del “gasto” no es un error de elección de palabras de Macri, es una definición ideológica y política muy clara. Y alejada de nuestra postura. Ya que entendemos algo muy simple: la educación es una inversión; un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad para contribuir con recursos que el Estado debe administrar de modo eficiente para reinvertirlos en la sociedad en un conjunto diverso de políticas educativas: en infraestructura, en salarios docentes, en investigación, en becas.
No hay novedad en esta definición de Macri como tampoco hay novedad en el doble discurso de plantear frases hechas como que lo más importante para el futuro es la educación pero al momento concreto de tomar decisiones, la educación sea concebida como un gasto, que encima hay que achicar.
Volviendo al discurso hay otra cuestión a discutir que tiene que ver con esas cifras que Macri menciona al decir que se gastó un 30% más en docentes y no docentes mientras que la matrícula aumentó sólo un 13% y la tasa de graduación es de las más bajas.
Un análisis serio de la evolución presupuestaria de las universidades públicas de nuestro país de los últimos 15 años, no sólo estaría lejos de esas cifras sino, e incluso más importante, serviría para entender cómo se invierte en el sistema. Pero para eso habría que conocerlo, y saber que entre 2003 y 2015 se crearon universidades nacionales en regiones, provincias o municipios densamente poblados que carecían de oferta educativa universitaria. En realidad, para expresarlo correctamente, hay que decir que no sólo se crearon en donde había demografía (o demanda) insatisfecha, sino que se apuntó a que la matrícula universitaria trascienda las capas medias para que las clases populares accedan a la universidad.
La educación no es un gasto, es inversión y su acceso no debe restringirse a la universidades tradicionales ubicadas en los principales centros urbanos sino que debe desplegarse con criterio federal y popular. Esa puede ser una buena síntesis de lo que los doce años de kirchnerismo implementaron para la universidad pública argentina.
Conociendo esta realidad de las nuevas universidades, llama mucho la atención aquella afirmación de Macri cuando con una generalización grosera afirma que el sistema creció al 30% pero no así sus resultados. No es lo mismo la Universidad Nacional de La Plata, Córdoba o la UBA que las Universidades de reciente creación, por una cuestión obvia: mientras que las primeras están consolidadas teniendo un crecimiento vegetativo en muchos casos, en las universidades nuevas, la inversión debe ser mucho más grande ya que hay que construir una biblioteca, aulas o un laboratorio ¡no para expandirse sino para tener las primeras instalaciones!.
Otra cuestión fundamental para entender la progresión de la inversión en las universidades nuevas vinculado a la planta docente, es que ésta se va duplicando año tras año hasta consolidarse. A modo de ejemplo: si se abre una carrera, se anotan alumnos, la universidad nombra docentes para las materias de primer año de esa carrera y cuando empieza el segundo año, la universidad debe nombrar nuevamente docentes esta vez para las materias correspondientes al segundo año. Entonces los nombramientos docentes pueden llegar a crecer en torno al 100% entre un año y otro. Este simple ejemplo ilustra el proceso que dura para cada nueva carrera hasta que se completan todos los años y recién ahí el gasto se puede consolidar.
El punto es que el sistema universitario nacional funciona a dos velocidades con realidades que no son equiparables y que por ende no necesitan inversiones equiparables. Necesitan sí, ser acompañadas por el Estado nacional desde sus situaciones particulares. Y que quede claro: no sobra ninguna universidad, ni tradicional ni de reciente creación. Cualquier país para tener futuro, sea EEUU o China, Alemania o Rusia, invierte en educación.
Los profesionales que son y que van a ser necesarios para que la economía crezca, para la generación de empleo de calidad, formal y bien remunerado, es una realidad que va a ser posible si tenemos más recursos destinados a la educación universitaria. Pero no es sólo eso, desde nuestra perspectiva además de la cuestión laboral y profesional, la educación es un derecho que hay que garantizar en el presente.
El camino que habíamos empezado a transitar en la década anterior, era el de colocar a la Universidad Pública en el lugar de derecho desde una doble perspectiva. Una, la que tenemos como pueblo de formarnos como ciudadanxs, entendiendo por ello algo más amplio y abarcativo que el aspecto instrumental de cara a la inserción en el mundo laboral, nos referimos a la posibilidad de ser más libres y soberanos tanto individual como colectivamente. Y justamente en este último punto aparece el otro aspecto del derecho que tenemos como pueblo que financia y sostiene el sistema universitario y es el ligado al fenómeno de la apropiación social del conocimiento que se produce. Para que este sea un proceso democrático, que responda a los intereses de las grandes mayorías populares en pos de mejorar su calidad de vida y no de incrementar las ganancias de grandes empresas trasnacionales y/o laboratorios, es absolutamente necesario el rol central e indelegable que debe ocupar el Estado.
En este punto es que podemos afirmar que el creciente financiamiento recibido por las Universidades en el proceso político anterior, fue proporcional a las posibilidades de recuperar, afirmar y sostener su autonomía. El fortalecimiento presupuestario estatal del sector permitió sin dudas relacionarse de un modo distinto, al que ocurrió en los años ´90, con entidades privadas o internacionales que detrás de sus oportunidades financieras, en general, traían imposiciones o condicionamiento para apropiarse del conocimiento producido. En otros términos, para desandar el camino de progresiva mercantilización del conocimiento que había instalado el proceso neoliberal anterior de la mano del ajuste y el recorte presupuestario, fue crucial la apuesta y la inversión estatal.
Creemos que en vísperas del aniversario de los 100 años de La Reforma, bien vale esta reflexión porque si a las escasas afirmaciones presidenciales sobre la cuestión universitaria las acompañamos de un análisis de la políticas implementadas a través de la Secretaría de Políticas Universitarias del ministerio de Educación nacional, podemos observar que el esfuerzo que el presidente le pide a las universidades es una realidad de hecho ya que con la inflación de los últimos años, y el aumento desproporcional de los servicios públicos, las universidades vienen ajustando sus gastos fuertemente. Y nunca un ajuste en el ámbito educativo tuvo como resultados más alumnos, más graduados, más investigadorxs, o mayores descubrimientos científicos que beneficien a la sociedad. Más bien ocurrió todo lo contrario.
Por eso tenemos que persistir en nuestro compromiso colectivo con la educación superior pública, de calidad, a la que se le destinen inversiones crecientes en el presente. Esta es la única forma de lograr resultados hoy y en el futuro.
*Nota publicada en Política Argentina