FpV: «El Estado Argentino sigue retrocediendo en materia de DDHH»

«Es indignante ver como el Estado argentino está retrocediendo en materia de Derechos Humanos y que en un mismo año tengamos otra muerte como consecuencia de acciones represivas, cargadas de crueldad por parte de Fuerzas de Seguridad», expresó en un comunicado el bloque de legisladores del FpV, que repudió la muerte de Rafael Nahuel, en Villa Mascardi, en Bariloche, durante la represión de fuerzas federales ante un grupo de mapuches.

Sostienen los legisladores rionegrinos «el estado de derecho no es posible, como tampoco el desarrollo de un país, si desde el gobierno nacional no se buscan o no se tiene la voluntad de resolver los conflictos de manera pacífica. El Ministerio de Seguridad de la Nación y su responsable, Patricia Bullrich, tiene que responder por estos crímenes».

Agregan que «las situaciones que las comunidades mapuches y los organismos de derechos humanos están denunciando son de una crueldad inusitada, con prácticas que nunca pensamos volverían a arraigarse en nuestro país y piden que «se detenga la persecución de las comunidades originarias y el rápido esclarecimiento sobre la muerte de este joven rionegrino».

FpV de Bariloche

El bloque de Concejales, Tribunal de Contralor y Legisladores provinciales de Bariloche (FPV), también repudieron el asesinato del joven Rafael Nahuel a manos de las fuerzas de seguridad federales y destacaron que » no hay justificación posible para el homicidio perpetrado por el Estado».

«Este hecho tiene directa vinculación con la campaña de demonización sobre el pueblo mapuche que viene realizando el Gobierno Nacional así como la ofensiva represiva que lleva adelante sobre distintas manifestaciones populares», señalan y exigen «el cese a la represión sobre las comunidades mapuches y una inmediata investigación de la justicia a fin de determinar responsabilidades e identificar a los culpables del homicidio».

Señalan también que «nos encontramos aportando lo posible desde nuestros roles institucionales, militantes y humanos para garantizar la integridad física de los heridos y el debido proceso de los detenidos».

Firman: Daniel Natapof, Ana Marks, Ramón Chiocconi (concejales), Julieta Wallace (tribunal de contralor), Jorge Vallazza, Edith Garro, Alejandro Ramos Mejía (legisladores).