Ponzone citó a Di Tella por manejo de fondos del IPROSS
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro, citó a declarar al presidente de IPROSS, Claudio Di Tella, para el 20 de este mes, a las 12, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la obra social que derivó en la interrupción, en casi toda la provincia, de las prestaciones a los afiliados durante varias semanas. También apunta a determinar si la Provincia sufrió un perjuicio por las multas originadas en los incumplimientos hacia los afiliados.
La Fiscalía cito a Di Tella, para que explique las suspensiones en la prestación de los servicios de salud por parte de los prestadores privados, con el objetivo de determinar conductas administrativas irregulares, así como también conocer si existe un correcto uso de los fondos de que dispone la obra social.
Además, busca saber si el patrimonio provincial se ve perjudicado por el pago de multas que se aplican por incumplimientos de las obligaciones de la obra social por parte de la Justicia.
La investigación, fue iniciada de oficio por el fiscal Marcelo Ponzone, pero luego también los sindicatos que componen la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), realizaron una denuncia en la sede de Bariloche, pidiendo la intervención de la Fiscalía.
Los cortes en las prestaciones ocurrieron en las ciudades de Viedma, San Javier, General Conesa, Guardia Mitre, San Antonio Oeste, Bariloche y Zona Andina.
En la citación se le requirió a Di Tella no sólo que concurra a dar explicaciones, sino también que presente toda la documentación que sustente el corte de las prestaciones, detalle las partidas asignadas al IPROSS, así como la efectiva asignación de tales recursos. Además, deberá señalar quién debía transferírselos, y en caso de no haber sido transferidos, qué hizo Di Tella al respecto para poder dar cumplimiento con las obligaciones del Instituto para con sus afiliados y beneficiarios.
El titular de la obra social deberá explicar el cumplimiento de remisión de las partidas y la ejecución regular de las mismas, con los destinos asignados para garantizar las prestación a los afiliados y el pago a los prestadores privados.